El Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció públicamente que asesinó al dirigente social Freiman David Velásquez y a dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante un retén ilegal instalado el pasado 19 de mayo en la vereda Oropoma, zona rural del municipio de Ábrego, en el Catatumbo, Norte de Santander.

La admisión quedó consignada en un comunicado difundido por la guerrilla a través de redes sociales, en el que el grupo armado justificó el ataque señalando que sus unidades interceptaron una camioneta negra sin distintivos que, según su versión, transportaba supuestos integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el ELN, al intentar evadir el retén, varios ocupantes descendieron armados y se produjo un intercambio de disparos que dejó seis personas muertas y un integrante de esa organización herido.

Sin embargo, entre las víctimas se encontraba Freiman David Velásquez, líder de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien se movilizaba en un vehículo adscrito a la Unidad Nacional de Protección debido a amenazas previas en su contra.

#comunicado nuevo mensaje del FGNO del ELN pic.twitter.com/emwGsO7tKH

— RadioFronteraRebelde (@siglo21235039) May 23, 2026

Junto a él murieron los escoltas Robinson Carvajalino y Sebastián Murillo, integrantes del esquema de seguridad asignado por la UNP.

El grupo insurgente reconoció la muerte de los tres hombres, aunque evitó calificarlos como combatientes y sostuvo que fallecieron en medio del enfrentamiento armado registrado durante el control ilegal.

En el mismo hecho también murió Yidy Smith Velásquez Benítez, señalada por el ELN de supuestamente pertenecer a la estructura logística del Frente 33 de las disidencias.

El comunicado guerrillero defendió la instalación del retén como parte de las acciones de control territorial que mantiene el ELN en la región del Catatumbo frente a sus estructuras rivales. Como ha ocurrido en otros episodios similares, la organización no ofreció disculpas por la muerte de civiles y atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido al Estado y al conflicto armado en la zona.

El asesinato de Freiman David Velásquez generó preocupación entre organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, debido a que el dirigente campesino ya había sobrevivido a un atentado en 2025, situación que motivó el refuerzo de sus medidas de protección.

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el deterioro de la seguridad en el Catatumbo mediante alertas tempranas que daban cuenta del recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc por el control de corredores estratégicos y economías ilegales en Norte de Santander.

La región atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de orden público, marcado por asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, ataques armados y restricciones a la movilidad de las comunidades rurales.