El 2025 comenzó con un cambio significativo para los empresarios colombianos: la entrada en vigor del decreto 045 de 2024, que establece nuevas tarifas para los trámites realizados ante las cámaras de comercio. Este ajuste ha despertado tanto expectativas como preocupaciones en diversos sectores.

El Ministerio de Comercio ha destacado que el decreto beneficia principalmente a las empresas más pequeñas, que representan cerca del 90 % del tejido empresarial del país. Según la entidad, los costos de registro y renovación de la matrícula mercantil, entre otros trámites, se reducirán significativamente para microempresas y pequeños negocios.

Sin embargo, esta reducción implica un aumento en las tarifas para las empresas más grandes. Por ejemplo, un análisis preliminar indica que una compañía de moda de gran tamaño podría enfrentar un incremento del 175 % en el costo de renovación de su matrícula mercantil, mientras que un microestablecimiento podría experimentar una disminución de hasta el 50 %.

El ajuste también plantea desafíos para las cámaras de comercio, particularmente para aquellas que operan en regiones con una alta concentración de pequeñas empresas. Una fuente cercana al tema señaló que hasta 13 cámaras de comercio, incluidas al menos una en Antioquia, podrían enfrentar dificultades financieras debido a la nueva estructura tarifaria.

En total, la red nacional de cámaras de comercio está compuesta por 58 entidades, algunas de las cuales podrían ver disminuidos sus ingresos por atender principalmente a micro y pequeñas empresas. Por el contrario, las cámaras que trabajan con un mayor número de grandes empresas podrían beneficiarse económicamente del decreto.

Medidas para mitigar el impacto

El Ministerio de Comercio reconoció que el decreto tendrá un impacto en las finanzas de las cámaras de comercio. Para contrarrestar este efecto, la normativa incluye una disposición que facilita la asociación entre estas entidades.

“Las cámaras de comercio con mayor capacidad podrán asociarse con aquellas que enfrenten mayores retos financieros, permitiéndoles compartir costos fijos y mejorar la eficiencia operativa. Esto no solo fortalecerá su sostenibilidad, sino que también mejorará la calidad de los servicios ofrecidos a los empresarios”, señaló el ministerio.

Aunque la medida fue anunciada a finales de 2024, aún no ha sido completamente reglamentada. Algunas cámaras ya ven en esta estrategia una extensión lógica de su modelo colaborativo, que ha permitido el desarrollo de proyectos conjuntos en el pasado.

Confecámaras, la entidad que agrupa a las cámaras de comercio del país, no ha emitido aún un análisis oficial sobre el impacto del decreto. Según se informó, el monitoreo inicial de los efectos económicos se llevará a cabo tras la temporada de renovaciones, que concluye en marzo, y podría extenderse hasta finales del año.

La decisión del Gobierno se basa en un fallo del Consejo de Estado emitido en marzo de 2022, que declaró como inequitativos los artículos del decreto 393 de 2002 relacionados con los derechos de registro y renovación. Dicho fallo argumentó que estos artículos imponían una carga desproporcionada a los pequeños comerciantes.

El ajuste tarifario busca corregir esta inequidad, pero genera preguntas sobre cómo afectará la sostenibilidad de las cámaras de comercio y el ecosistema empresarial en su conjunto.