La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral (CNE) sostendrán este lunes una reunión para avanzar en la investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El propósito es cruzar información y acelerar la obtención de pruebas para esclarecer la responsabilidad de varios implicados como el gerente de la campaña, Ricardo Roa; el hijo del presidente, Nicolás Petro, y el exnarcotraficante ‘Marlboro’, entre otros.

El fiscal Elkin Ardila, coordinador del tema electoral en la Fiscalía, lidera esta investigación de gran relevancia. Recientemente ha logrado avances en otros casos como la imputación al ingeniero Rodolfo Hernández.

 

Supuestos aportes de mafias, cuentas que no cuadran

La pesquisa busca determinar si hubo entrega de dineros ilícitos por parte de mafias, aportes no reportados de grupos como Fecode y esquemas irregulares con testigos electorales, según ha trascendido.

En los medios de comunicación nacionales se han expuesto previamente observaciones preocupantes sobre las cuentas de la campaña del presidente Gustavo Petro. Las inconsistencias contables, señaladas por la empresa de auditoría Nexia Montes y Asociados, contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), apuntan a presuntas maniobras para mantenerse dentro de los topes legales de financiación.

Según los informes de la auditoría, se detectó una aparente modificación de facturas con el objetivo de evitar exceder los límites permitidos. Los auditores también destacaron pagos a empresas no constituidas en el momento del desembolso y donaciones en especie no registradas en los libros contables.

La irregularidad más llamativa involucra la reversión de una factura de la empresa de seguridad Olimpo Seguridad, que desempeñó un papel crucial al evitar que la campaña de Petro sobrepasara los topes de gastos. A pesar de que la factura inicial ascendía a 77 millones de pesos, la campaña anuló la mitad del cobro, devolviendo 38 millones de pesos después de las elecciones de primera vuelta.

La auditoría subraya que, de no haberse realizado esta maniobra, la campaña habría superado los topes permitidos. La empresa Olimpo Seguridad, protagonista de esta operación, se fusionó con una empresa del prófugo zar de la seguridad, Jorge Moreno Ojeda, involucrado en prácticas cuestionables.

La fusión revela la participación de familiares de Moreno Ojeda, incluyendo a María Mercedes Navarrete de Ávila, quien falleció en 1993, pero sigue figurando como accionista en 2022. Sorprendentemente, esta señora es la madre de dos amigos cercanos de Gustavo Petro, Polo Ávila Navarrete y Eduardo Ávila Navarrete, nombrados en roles destacados.

 

Las explicaciones de Roa

El gerente de la campaña, Ricardo Roa, ha argumentado, por ejemplo, que el contrato con Olimpo Seguridad se modificó para reducir la cantidad de escoltas. Sin embargo, la auditoría destaca que las modificaciones contables se realizaron después de las elecciones y que la corrección no se registró oportunamente.

Otras irregularidades incluyen la falta de registros de pago por arriendo en las sedes de la campaña en Cali y Montería, así como pagos a empresas no constituidas en el momento del desembolso. La auditoría señala que las donaciones en especie deberían haberse registrado, planteando interrogantes sobre quién financió o donó las sedes durante ciertos meses.

La auditoría también revela pagos a la empresa Rumbos Ltda por boletos de avión para viajes realizados antes de la existencia legal de la campaña. A pesar de la respuesta del proveedor, la pregunta sobre la legalidad de estos pagos está aún sin respuesta.