La Cancillería de Colombia está elaborando una medida que requeriría un pasaporte vigente para aquellos provenientes de Venezuela que busquen ingresar al país. Este cambio potencial ha generado preocupación entre expertos en migración, quienes advierten sobre las posibles repercusiones negativas que podría tener para la población migrante venezolana en Colombia.

La investigadora en migración, María Gabriela Trompetero, reveló que el gobierno de Gustavo Petro ha preparado un documento para derogar la resolución 2231 del 9 de junio de 2021. Esta resolución extendió la validez de los pasaportes venezolanos vencidos por dos años y permitió a la población migrante con pasaportes caducados o a punto de caducar ingresar al territorio colombiano.

La medida se tomó considerando la difícil situación de la diáspora venezolana y las dificultades para obtener o renovar un pasaporte en Venezuela. Sin embargo, el gobierno colombiano argumenta que, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares entre Bogotá y Caracas en agosto de 2022, las “circunstancias especiales” que justificaban la resolución 2231 ya no están presentes.

Sin embargo, los expertos señalan que las barreras para obtener o renovar el pasaporte venezolano siguen siendo significativas. El alto costo de renovación, que puede superar los US$210, y los trámites burocráticos impuestos por las autoridades venezolanas dificultan el acceso a este documento.

La exigencia de un pasaporte vigente tendría un impacto adverso en la población migrante venezolana en Colombia. Muchos venezolanos y venezolanas necesitan ingresar al país de forma regular, especialmente en las zonas fronterizas, pero no han podido renovar sus pasaportes debido a las barreras económicas e institucionales en Venezuela.

Esta medida representaría un retroceso en términos humanitarios, afectando áreas sociales, laborales, familiares y económicas de los migrantes. Además, dificultaría la participación de los migrantes en las elecciones presidenciales de Venezuela, ya que la exigencia de un pasaporte vigente impediría que muchas personas voten en su país de origen.

El plazo para hacer comentarios sobre el documento propuesto por la Cancillería es hasta el 29 de abril. Si la resolución 2231 se deroga, cientos de miles de migrantes podrían verse obligados a recurrir a las rutas ilegales en la frontera, controladas por grupos criminales como el ELN, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua. Esta situación aumentaría los riesgos para la seguridad y la integridad de los migrantes venezolanos.