Un proyecto de ley que avanza en el Congreso colombiano plantea endurecer las sanciones contra adolescentes de 14 a 17 años que cometan delitos, con penas de hasta 15 años de privación de la libertad y un mínimo obligatorio de cinco años.

La iniciativa encendió las alertas de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que advierte sobre un cambio en el enfoque del sistema penal juvenil, al dar mayor prioridad al encarcelamiento que a la resocialización.

Se trata del Proyecto de Ley 029 de 2026, que propone ampliar de cuatro a 20 las conductas consideradas graves dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Entre ellas se incluirían delitos como las lesiones personales leves. Según la CCJ, esto podría llevar a que un menor que cause una herida leve enfrente una pena mínima de cinco años, mientras que un adulto responsable del mismo hecho recibiría una sanción de entre 1,3 y tres años, de acuerdo con la comparación expuesta por la organización.

La Comisión cuestionó que la propuesta limite la capacidad de los jueces para establecer sanciones de acuerdo con la edad del adolescente, las circunstancias del delito y su proceso de cambio. En el modelo actual, los jueces pueden revisar las medidas impuestas y ajustarlas cuando se evidencian avances en la resocialización. Para la CCJ, esta flexibilidad es fundamental en un sistema que busca que los jóvenes asuman la responsabilidad por sus actos, reparen a las víctimas y puedan reintegrarse a la sociedad.

Una de las principales preocupaciones de la organización se relaciona con los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados ilegales. La CCJ advierte que el proyecto podría permitir que jóvenes sometidos a estas estructuras sean procesados directamente por delitos graves, sin que su condición de víctimas del reclutamiento tenga el peso necesario en la respuesta judicial.

La entidad sostiene que, cuando un adolescente es obligado o utilizado para cometer delitos, las investigaciones también deben dirigirse contra los adultos y comandantes que lo reclutaron. Según la organización, prolongar el encierro de los menores no desmantela las estructuras criminales que los instrumentalizan y puede dejar en segundo plano la responsabilidad de quienes los incorporan a sus actividades.

Ante el debate legislativo, la Comisión Colombiana de Juristas pidió al Congreso preservar la facultad de los jueces para evaluar la evolución de cada adolescente, mejorar las condiciones de los centros de reclusión y fortalecer los programas de resocialización. También instó a las autoridades a concentrar sus esfuerzos en perseguir a los responsables del reclutamiento y la utilización de menores, en lugar de limitar la respuesta estatal al endurecimiento de las penas juveniles.