El recorte de $170.000 millones contemplado para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Presupuesto General de la Nación de 2027 volvió a generar un enfrentamiento político en el Congreso. Mientras algunos sectores advierten que la reducción podría afectar los procesos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, congresistas que respaldan el ajuste cuestionan el manejo de los recursos y piden mayores resultados a la jurisdicción.

El senador Antonio José Correa, del Partido de la U, integrante de la coalición de Gobierno, sostuvo que la discusión no debería limitarse a una confrontación política ni a una operación contable. Según afirmó, detrás del presupuesto de la JEP están los procesos judiciales, los comparecientes y las víctimas del conflicto armado. No obstante, aclaró que exigir eficiencia y controles sobre el gasto público también hace parte de las obligaciones de la institución.

Desde otra posición, el exnegociador de paz Humberto de la Calle señaló que la JEP debe reconocer el ajuste presupuestal y continuar entregando resultados pese a la reducción de recursos. El planteamiento se suma a las críticas de sectores del Congreso que consideran necesario revisar el nivel de gasto de la jurisdicción antes de aumentar o mantener sus partidas.

Uno de los principales cuestionamientos provino de la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien presentó cifras sobre los gastos de la JEP en viajes. De acuerdo con los datos divulgados por la congresista, entre 2020 y 2026 se destinaron $23.963 millones a tiquetes y $32.472 millones a viáticos y otros gastos de viaje, para un total de $56.435 millones. Posada afirmó además que los viáticos aumentaron 191 % entre 2022 y 2025.

La JEP, por su parte, ha respondido a los cuestionamientos sobre sus gastos señalando que sus actuaciones están sometidas a mecanismos de control. En medio de la controversia, también se conoció que la entidad ha enfrentado auditorías de organismos como la Contraloría y seguimientos de la Procuraduría, mientras sus directivos han advertido sobre las consecuencias operativas que podría tener una reducción presupuestal.

El ajuste quedó incorporado en la ponencia del Presupuesto de 2027, cuyo monto global fue establecido en cerca de $635 billones. De los $170.000 millones reducidos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, $100.000 millones serían destinados a la Rama Judicial y otros recursos fueron redistribuidos hacia sectores como deporte. El debate continuará en las siguientes etapas del trámite presupuestal en el Congreso.