La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por presuntas irregularidades en la selección del contratista y la ejecución del contrato de interventoría del puente de la calle 60, una obra que tuvo un contrato de seguimiento superior a los $2.997 millones.

Además del exmandatario, fueron judicializados la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello. El contrato tenía un plazo de ocho meses y contemplaba el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.

Según la investigación, el comité evaluador jurídico, integrado entre otros por Arenas Plata y Rojas Millán, habría tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado por Restrepo Albarello, pese a que este presuntamente estaba inhabilitado para contratar con el Estado.

La Fiscalía también encontró presuntas irregularidades en los pagos. Aunque el contrato establecía que los desembolsos al consorcio interventor debían corresponder al porcentaje de avance de la obra, la investigación estableció que se habrían efectuado pagos superiores a $1.000 millones cuando la construcción presentaba un avance inferior al 6 %.

De acuerdo con el ente acusador, Hurtado Barrera habría omitido los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución del contrato, mientras que Guzmán González presuntamente participó en la adjudicación y respaldó actuaciones que permitieron realizar pagos que no correspondían a lo pactado. A su vez, Restrepo Albarello habría promovido cobros que no se ajustaban a las condiciones contractuales ni al avance de la obra.

Los exsupervisores Herrán Triana, Peralta Delgado y Zambrano Rodríguez también fueron vinculados por presuntamente tramitar, supervisar o avalar los desembolsos sin adoptar las medidas necesarias para impedirlos.

Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima les imputó, según la posible responsabilidad individual de cada procesado, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.