En una movida administrativa para sortear un escollo judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta en el servicio de expedición de pasaportes. Esta figura legal permite contrataciones directas e inmediatas para asegurar la continuidad del trámite, tras la suspensión provisional del nuevo modelo de producción impuesto por un tribunal.

La decisión gubernamental llega como respuesta directa a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó pedidos de aclaración de la Cancillería y mantuvo vigente una medida cautelar. Dicha medida había suspendido la ejecución de los convenios del nuevo esquema de producción, personalización y distribución de los documentos de viaje.

En un comunicado oficial, la Cancillería quiso llevar tranquilidad a los ciudadanos: “El servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional”.

La esencia del fallo judicial es clara: mantiene congelado el núcleo contractual cuestionado, pero deja en manos del Gobierno la búsqueda de todos los mecanismos administrativos, contractuales y logísticos necesarios para no interrumpir el servicio público. “No le corresponde [al juez] sustituir a la administración”, precisó el Tribunal.

Frente a este panorama, el Gobierno optó por la herramienta de emergencia. La Cancillería explicó que las contrataciones bajo esta figura se limitarán a lo “indispensable”, como la propia expedición. Paralelamente, ya se inició la estructuración de un proceso de licitación pública que atenderá la necesidad de forma permanente a futuro.

Un dato clave que alivia la presión inmediata es la existencia de un inventario de aproximadamente 600.000 libretas de pasaportes listas para ser personalizadas y distribuidas. La Cancillería había consultado al Tribunal sobre el uso de este stock, obteniendo una respuesta afirmativa, ya que este punto se consideraba resuelto.

La suspensión cautelar se dio en el marco de una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional. La demanda cuestiona el esquema adoptado para el nuevo modelo, alegando una posible afectación a derechos colectivos como la moralidad administrativa, el patrimonio público y el acceso eficiente a servicios públicos.

El Tribunal, al estudiar la solicitud de medida cautelar, encontró preliminarmente inconsistencias: cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios y falta de soportes suficientes sobre infraestructura y personal del nuevo operación. Es crucial aclarar que esta suspensión no es una decisión definitiva sobre la legalidad de los convenios, sino una medida preventiva mientras avanza el proceso judicial principal.

La controversia de fondo continuará su curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se deberá establecer si las actuaciones vulneraron derechos colectivos y cuál será el futuro jurídico del esquema implementado.

Por ahora, la declaratoria de urgencia manifiesta y el amplio stock disponible son los pilares que sostienen el servicio. El desafío del Gobierno será definir, más allá de estos mecanismos de emergencia, una solución contractual estable y definitiva para la producción de los pasaportes colombianos, una vez se resuelva el litigio judicial que mantiene en vilo el modelo actual.