La Fiscalía General de la Nación confirmó que Shenner José Rojas Lárez, de nacionalidad venezolana, fue detenido el pasado 16 de septiembre en la localidad de Los Mártires y, tras la audiencia ante el juez de control de garantías, será recluido mientras se tramitan los cargos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados. El proceso judicial se abre tras la muerte de Ana Lucía González, una menor de nueve años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un canal de aguas lluvias del barrio Juan XXIII, en Ciudad Bolívar.

Según el informe de la Fiscalía, la cadena de acontecimientos comenzó el 14 de septiembre en una vivienda de Mosquera, Cundinamarca, donde Rojas Lárez convivía con su pareja, hermana de la víctima. Una discusión entre ambos desencadenó daños materiales y la salida de la mujer del domicilio para solicitar auxilio policial en un CAI cercano. En ese intervalo, el acusado habría sacado a Ana Lucía del inmueble y la transportó en motocicleta a un apartamento de Fontibón, donde la niña permaneció durante la noche.

Al día siguiente, entre las 10 y 11 de la mañana, Rojas Lárez regresó a la capital, recogió a la menor del mismo lugar y la condujo al sector Juan XXIII de Ciudad Bolívar. Allí, a solas con la niña, se le habría causado la muerte por asfixia, según el dictamen de Medicina Legal. El cuerpo fue recuperado en la tarde del 15 de septiembre, arrojado al canal de aguas lluvias.

Durante la investigación, los peritos judiciales hallaron indicios de que la niña había sido objeto de agresiones y conductas de naturaleza sexual en momentos anteriores, mientras estaba bajo el cuidado de Rojas Lárez. La Fiscalía interpreta estos hallazgos como parte de una violencia vicaria, una forma de represalia dirigida contra la pareja del acusado.

Tras su captura, el sospechoso fue presentado ante la autoridad judicial por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá. El imputado no reconoció los cargos, pero el magistrado dictó su reclusión preventiva mientras avanza la investigación.

El caso ha generado una fuerte indignación en la sociedad colombiana y ha reavivado el debate sobre la protección de menores y la violencia de género. Organizaciones de derechos humanos exigen medidas más rigurosas para prevenir situaciones de abuso y garantizar una respuesta rápida de las autoridades ante denuncias de violencia intrafamiliar.

Con la detención de Rojas Lárez, el proceso judicial continúa y la ciudadanía espera que la justicia se haga efectiva, enviando un mensaje claro contra la impunidad en los crímenes contra la infancia.