Un mes después del secuestro en Norte de Santander, el ELN reveló la retención de Anyi Jácome, de 27 años. Su familia desmiente los señalamientos de la guerrilla y exige pruebas de supervivencia.

Durante un mes, el caso fue registrado oficialmente como el secuestro de tres policías de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en una carretera de Norte de Santander. Sin embargo, un comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reveló este jueves un dato crucial y omitido: junto al mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, también fue retenida una civil, Anyi Jácome, de 27 años.

El hecho ocurrió el 17 de agosto en la vía que une Cúcuta con Ocaña, jurisdicción de Bucarasica. El vehículo en el que viajaban, un Chevrolet Spark rojo con placas RKP-355, fue encontrado abandonado, con los vidrios rotos y pintadas con la palabra “Farc”. La revelación del ELN, hecha pública exactamente un mes después, reconfigura por completo el episodio y desata nuevas interrogantes sobre el operativo policial y el destino de la joven.

En su comunicado, la guerrilla no solo confirmó la retención de Jácome, sino que la acusó de colaborar con la inteligencia policial. El grupo armado ilegal aseguró que la joven era “utilizada para engañar y ubicar miembros del ELN” y que servía de puente con la disidencia conocida como Banda Frente 33, supuestamente por ser “la pareja sentimental de Andrey Avendaño”, un cabecilla de esa estructura.

La familia de Anyi Jácome ha salido al paso para desmentir categóricamente estas imputaciones. En declaraciones a la Unidad Investigativa de El Tiempo, Jessica Jácome, hermana de Anyi, afirmó: “Eso es falso. Aún seguimos a la espera de que nos aclaren ese comentario; hasta ahora solo tenemos información de que se encuentra retenida por el grupo ELN”. La hermana añadió que testigos confirman que Anyi vivía en el mismo lugar que la patrullera Erika Monroy en Cúcuta, y que incluso habrían sido pareja, un vínculo que explicaría su presencia en el vehículo aquel día.

Más allá del debate sobre los señalamientos, la principal angustia de la familia es la incertidumbre sobre la integridad física de Anyi. Mientras el ELN ha divulgado pruebas de supervivencia de los tres policías uniformados, no ha ofrecido ninguna evidencia similar sobre la joven civil. Por ello, sus familiares han hecho un llamado público a la guerrilla para que entregue dicha prueba.

Además, el líder social Jesús Gutiérrez denunció que policías de inteligencia de Ocaña y Norte de Santander habrían presionado a la familia de Anyi Jácome para que no hiciera pública la denuncia del secuestro, especialmente tras comenzar a circular información que, según él, buscaba criminalizar a la víctima.

La mención del ELN a Andrey Avendaño y al Frente 33 sitúa el secuestro en el complejo panorama del Catatumbo, una región marcada por una feroz disputa territorial entre esta disidencia y la guerrilla. Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, es una figura conocida en este conflicto, al punto de haber sido nombrado directamente por el presidente en un ultimátum a los grupos armados. La acusación del ELN contra Jácome parece insertarse en esta narrativa de guerra local, donde cualquier vínculo, real o pretendido, con la facción rival se convierte en un argumento para la retención.

La posición del Gobierno, expresada por el presidente, ha sido la de rechazar cualquier tipo de “canje” con el ELN. Este principio, sumado al silencio inicial sobre el caso de Anyi Jácome y las contradictorias versiones sobre su rol, complica aún más la perspectiva de una pronta liberación para los cuatro retenidos, cuyas vidas permanecen en suspenso en medio de una guerra que no da tregua.