La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta organización criminal señalada de adquirir, sacrificar y comercializar carne de caballo no apta para el consumo humano, que posteriormente era distribuida en establecimientos del área metropolitana de Bucaramanga (Santander) y vendida fraudulentamente como carne de res.

Como resultado de la investigación fueron judicializadas nueve personas identificadas como Sergio Leonardo Ortiz Soto, alias Leo; Danny Alexander Soto, alias Dante o Carnicero; Jonathan Javier Ortiz Soto; Yolanda Soto Badillo; Enrique Cadena Rojas, alias Mala Vida; Cindy Johana Moreno Daza; Mario Alvarado Trujillo; Mayer Andrea Trujillo Ardila y Jhoan Sebastián Trujillo Trujillo.

Las pesquisas, lideradas por una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, permitieron establecer que la estructura delincuencial presuntamente compraba caballos de avanzada edad o enfermos en los departamentos de Cesar, Bolívar, Magdalena y en diferentes municipios de Santander.

De acuerdo con la Fiscalía, los animales eran transportados hasta Bucaramanga en vehículos que no cumplían las condiciones requeridas para su movilización. Una vez en la ciudad, eran mantenidos sin alimento ni agua y en condiciones de maltrato antes de ser sacrificados de manera clandestina, sin cumplir los protocolos sanitarios ni contar con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

La investigación también reveló que los procesados, presuntamente, utilizaban sustancias químicas para alterar la apariencia, el olor y la textura de la carne con el propósito de ocultar su estado de descomposición y facilitar su comercialización. Posteriormente, el producto era almacenado y distribuido sin cumplir las normas sanitarias, siendo ofrecido a consumidores como si se tratara de carne de res.

Con base en los elementos materiales probatorios recopilados, la Fiscalía imputó a los nueve procesados, según su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; daño a los recursos naturales y ecocidio; y muerte al animal.

Durante las audiencias, cinco de los investigados aceptaron los cargos formulados por el ente acusador. Asimismo, por decisión judicial, cinco deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que los cuatro restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia.

La Fiscalía señaló que el proceso continúa y busca establecer el alcance de la red de distribución de la carne adulterada, así como determinar si existen otros involucrados en una actividad que, además de representar un presunto caso de fraude al consumidor, habría puesto en riesgo la salud pública y vulnerado las normas de protección animal y ambiental.