El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, habría sido evitable si el Estado hubiera actuado a tiempo. Según documentos y testimonios revelados por la revista Semana, el político solicitó en al menos 20 ocasiones un refuerzo en su esquema de seguridad, pero estas peticiones no fueron atendidas con la urgencia requerida, lo que alimenta las acusaciones de negligencia institucional.

El caso, que ha conmocionado al país, ahora enfrenta un nuevo capítulo tras las declaraciones del candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, quien anunció que demandará al Estado por presunta omisión en la protección de su hijo. Las revelaciones, basadas en comunicaciones internas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), confirman que Uribe Turbay alertó sobre riesgos crecientes en su seguridad, especialmente tras sus críticas a la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro y su postura frente a grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC.

Un esquema de seguridad insuficiente

Los registros muestran que, entre marzo y mayo de 2025, el equipo de Uribe Turbay envió múltiples solicitudes formales a la UNP, incluyendo un estudio de nivel de riesgo que destacaba su exposición mediática y las amenazas recibidas. En uno de los documentos, se menciona que el senador había realizado “fuertes pronunciamientos” sobre temas sensibles, como los acuerdos de paz, lo que incrementaba su vulnerabilidad.

A pesar de ello, el día del atentado, Uribe Turbay contaba con un esquema de protección limitado, lo que permitió que un sicario se acercara a pocos metros y le disparara. El ataque, ocurrido en el norte de Bogotá, terminó con su vida y dejó al país en shock, especialmente por la premeditación del crimen, que según la Fiscalía, fue planeado por una estructura criminal organizada con fines políticos.

La Fiscalía apunta a la Segunda Marquetalia

En un giro clave, la Fiscalía colombiana identificó a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia como la principal responsable del magnicidio. Esta semana, se emitieron órdenes de captura contra varios de sus líderes, acusados de conspiración, homicidio agravado y terrorismo.

Las investigaciones sugieren que el asesinato fue parte de una estrategia para desestabilizar el proceso de paz y silenciar voces críticas dentro del espectro político. Uribe Turbay, quien había ganado relevancia por su oposición a los acuerdos con grupos armados, se convirtió en un objetivo prioritario para estos sectores.

Familia exige justicia y Estado enfrenta críticas

Más de ocho meses después del crimen, los familiares de Uribe Turbay mantienen su lucha por verdad y justicia. Su padre, Miguel Uribe Londoño, ha sido enfático en señalar que “el Estado le falló”, y ahora busca vías legales para exigir responsabilidades.

Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro, que ha promovido la paz total, enfrenta un nuevo escándalo por fallas en la protección de figuras políticas. Analistas consultados por Semana advierten que este caso podría reavivar el debate sobre la seguridad de líderes sociales y candidatos, especialmente en un contexto de aumento de violencia en zonas rurales y urbanas.

La demanda anunciada por la familia Uribe y las investigaciones en curso podrían llevar a reformas en el esquema de protección de la UNP. Además, la captura de los presuntos responsables de la Segunda Marquetalia podría arrojar más luz sobre los vínculos entre crimen organizado y política.