Un escándalo de proporciones nacionales sacudió este miércoles a Colombia tras la difusión de un video íntimo desde la cuenta oficial de Instagram del alcalde de Manaure, Jhon Galvi Pimienta Jusayu, en el que aparece una mujer que fue víctima de un atentado armado en Uribia. El material, que según versiones habría sido grabado hace más de un año, reavivó la indignación por la posible revictimización de Catherine Paola Torres Barros, una psicóloga de 28 años que actualmente lucha por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Maicao, tras ser baleada el pasado 22 de marzo.

El video, que circuló ampliamente en redes sociales, muestra imágenes comprometedoras acompañadas de un audio aún más explícito. Aunque la alcaldía de Manaure aseguró que sus cuentas fueron “hackeadas” —término que el mandatario escribió con errores ortográficos en un mensaje posterior—, el material permaneció visible durante más de cinco horas, lo que intensificó las críticas. Autoridades y expertos en ciberseguridad no descartan la posibilidad de que el contenido haya sido alterado con herramientas de inteligencia artificial, aunque aún no hay confirmación oficial.

El coronel Salomón Bello Reyes, comandante de la Policía de La Guajira, advirtió que las imágenes podrían estar manipuladas y deben ser analizadas antes de ser consideradas como prueba. “No podemos afirmar nada al respecto porque las imágenes podrían estar editadas. Lo único seguro es que la víctima está fuera de peligro y su bebé, nacida por cesárea de emergencia, se encuentra en incubadora”, declaró.

Denuncias por revictimización y posible delito

La Personería Municipal de Uribia fue una de las primeras en pronunciarse, rechazando cualquier forma de violencia contra las mujeres y exigiendo el cese de la difusión del material. “No permitiremos que Catherine Paola Torres Barros, víctima de un atentado, sea revictimizada a través de tecnologías que violan su privacidad y honor”, señaló la entidad en un comunicado.

Por su parte, la abogada wayuu Estercilia Simanca condenó duramente al alcalde: “Usted, como alcalde de Manaure, destruyó la intimidad y la honra de una joven sobreviviente. Aquí el libelo es la imagen y el nombre de la joven”. Simanca, quien se ofreció a representar legalmente a la víctima, también envió un mensaje de solidaridad a Catherine, destacando su rol como hija, hermana y ahora madre.

Hasta el momento, los familiares de la víctima no se han pronunciado públicamente, enfocados en su recuperación. Sin embargo, fuentes cercanas a la familia evalúan presentar una denuncia formal contra el alcalde ante la Fiscalía por la difusión del video.

Alcaldía alega hackeo, pero persisten dudas

En un comunicado emitido por la Alcaldía de Manaure, se informó que se interpondrán las denuncias correspondientes por el acceso no autorizado a las cuentas del mandatario. “Las cuentas personales en redes sociales del señor alcalde han sido objeto de acceso no autorizado. Los contenidos publicados no corresponden a su autoría ni reflejan sus principios”, se lee en el documento.

No obstante, la demora en la eliminación del video y la falta de una declaración directa del alcalde han generado escepticismo. Mientras tanto, la Fiscalía y la Sijin continúan investigando el atentado contra Torres Barros, aunque el victimario aún no ha sido identificado.

Impacto en redes y llamado a la ética digital

El caso ha desatado una ola de indignación en plataformas como Twitter y Facebook, donde usuarios exigen justicia y respeto hacia la víctima. Hashtags como #JusticiaParaCatherine y #NoMásRevictimización han ganado tracción, mientras organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigen acciones contundentes.

Este episodio reabre el debate sobre la ética en el manejo de información sensible en redes sociales, especialmente cuando involucra a víctimas de violencia. Autoridades y sociedad civil coinciden en la necesidad de proteger la dignidad de las personas, más aún en contextos de alta vulnerabilidad.