El régimen iraní ejecutó este jueves a tres jóvenes, entre ellos Saleh Mohaddani, un prometedor luchador de 19 años, condenado por la muerte de dos policías durante las masivas protestas antigubernamentales de enero. Las autoridades los ahorcaron en público en la ciudad de Qom, acusándolos de “enemistad contra Dios” (moharebeh) y colaboración con Israel y EE.UU., en un proceso judicial que organizaciones de derechos humanos tachan de injusto y plagado de irregularidades.

Según la agencia Mizan, vinculada al Poder Judicial iraní, Mohaddani, Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi fueron declarados culpables de “asesinato con armas blancas” contra los agentes Mohammad Ghasemi Homapour y Abbas Asadi durante las manifestaciones del 8 y 9 de enero en Qom. Las autoridades afirmaron que los condenados “confesaron” los hechos en distintas fases del proceso, aunque Human Rights Watch (HRW) y la ONG HRANA denuncian torturas, juicios a puerta cerrada y falta de derecho a apelación.

Protestas reprimidas con violencia: más de 7.000 muertos

Las ejecuciones se producen en un contexto de brutal represión contra las protestas que estallaron en diciembre de 2024 por el aumento del costo de vida, pero rápidamente derivaron en un movimiento antigubernamental en todo Irán. Según el balance oficial, 3.117 personas murieron, aunque HRANA eleva la cifra a más de 7.000 y denuncia 11.000 casos sin verificar, con 53.000 detenidos.

La ONU reveló que en 2025 Irán ejecutó a 1.500 personas, un 50% más que en 2024, consolidando su reputación como uno de los países con mayor tasa de pena de muerte del mundo. El jefe del Poder Judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, había advertido meses atrás que no habría “indulgencia” para los acusados de violencia durante las manifestaciones.

Confesiones bajo tortura y un atleta silenciado

Mohaddani, quien había participado en competiciones internacionales de lucha, fue juzgado el 3 de febrero en Qom. Según Iran Human Rights (IHR), fue “obligado a confesar” durante la investigación y luego se retractó ante el tribunal, que igual lo condenó. Su ejecución pública —en el mismo lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos— busca intimidar a otros manifestantes, según analistas.

La activista Masih Alinejad, exiliada en EE.UU., denunció en redes sociales que el proceso violó derechos fundamentales: “Tortura, confesiones forzadas, juicios sin transparencia y sin derecho a defensa. Esto no es justicia, es terrorismo de Estado”. Alinejad pidió a Global Athlete, una organización que promueve el activismo deportivo, que presione por la liberación de atletas iraníes perseguidos, como Mohaddani.

Presión internacional y silencio del régimen

Las ejecuciones ocurren en un momento de tensión regional, con acusaciones cruzadas entre Irán, Israel y EE.UU. tras recientes ataques. El expresidente estadounidense Donald Trump llegó a afirmar que “no saben si el nuevo líder supremo de Irán está muerto o no”, en referencia a la opacidad del régimen.

Mientras, Amnistía Internacional y HRW exigen el fin de las ejecuciones y la liberación de cientos de presos políticos aún en riesgo. La ONG Iran Human Rights advierte que más de 100 personas podrían enfrentar la pena capital por su participación en las protestas.

Un mensaje de miedo

La ejecución pública de Mohaddani y sus coacusados no solo busca castigar, sino disuadir futuras movilizaciones. Sin embargo, analistas como Ali Vaez, director de Crisis Group para Irán, advierten que “la represión solo alimenta el descontento”. Con una economía en crisis y una población cada vez más descontenta, el régimen parece apostar por el miedo como herramienta de control.

Mientras el mundo observa, Irán sigue adelante con su ola de ejecuciones, dejando un rastro de familias destrozadas y una comunidad internacional dividida entre la condena y la impotencia.