A pocas semanas de la primera vuelta presidencial en Colombia, crecen las preocupaciones por las condiciones de seguridad en varias regiones del país, donde persisten enfrentamientos armados, amenazas contra la población civil y denuncias sobre presiones ilegales al electorado.

Desde Medellín, la candidata presidencial Paloma Valencia lanzó una nueva alerta sobre la situación en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, donde aseguró que existen riesgos para el libre ejercicio del voto en zonas rurales afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.

La dirigente pidió que las mesas de votación ubicadas en corregimientos apartados sean trasladadas a las cabeceras municipales con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad durante la jornada electoral.

“Ese es el fraude que está enfrentando Colombia, donde a los colombianos no los quieren dejar votar libremente. Pedimos y suplicamos que las mesas de todos los corregimientos apartados se trasladen a las cabeceras municipales y que haya garantías”, afirmó Valencia durante su pronunciamiento público.

Las declaraciones se producen en medio de advertencias sobre la persistencia de confrontaciones armadas en regiones como el Catatumbo, el sur de Córdoba, el Norte y Nordeste de Antioquia y zonas del suroccidente colombiano donde mantienen presencia estructuras ilegales asociadas a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

Según la candidata, su campaña también ha enfrentado dificultades para desarrollar actividades políticas en municipios como Dagua, Jamundí, Buenaventura y Guacarí, donde se han conocido denuncias sobre intimidaciones y posibles orientaciones ilegales del voto mediante panfletos y patrullajes armados.

Valencia calificó como “preocupante” la posibilidad de que organizaciones armadas estén interfiriendo en el proceso democrático y aseguró que las garantías para ejercer actividad política siguen siendo insuficientes en varias regiones del país.

A estas denuncias se suma la información relacionada con un presunto plan para atentar contra ella y el supuesto hackeo de comunicaciones sostenidas con el ministro del Interior, Armando Benedetti, relacionadas con su esquema de seguridad.

La candidata aseguró que hasta el momento no ha recibido contacto formal por parte del Gobierno nacional ni de organismos de inteligencia o seguridad frente a la denuncia sobre la interceptación de sus comunicaciones. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades mediante una denuncia penal presentada por el abogado Jaime Lombana.