El Pentágono advirtió que los bombardeos contra lanchas vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico son apenas el primer paso de una estrategia más amplia que podría incluir operaciones terrestres y despliegues militares adicionales en América Latina. La advertencia fue planteada por Joseph Humire, subsecretario de Defensa para la Seguridad Nacional, durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos.

Humire explicó que las acciones actuales forman parte de la Operación Espada del Sur, una misión de largo aliento diseñada para reforzar la política de seguridad fronteriza impulsada por el presidente Donald Trump. Según el funcionario, estos operativos han contribuido a “salvar vidas estadounidenses” y a presionar las rutas del narcotráfico.

Desde septiembre, al menos 157 personas han muerto en 45 bombardeos contra embarcaciones sospechosas en aguas cercanas a Suramérica. Además, más de 15.000 militares estadounidenses han sido desplegados en tareas de interdicción, entrenamiento y control de rutas, aunque parte de ese contingente ha sido reasignado debido al conflicto con Irán.

El Pentágono evalúa ampliar su radio de acción más allá del ámbito marítimo, incluyendo la posibilidad de atacar rutas, centros logísticos y escondites de organizaciones criminales en tierra, siempre bajo esquemas de coordinación con fuerzas locales. Humire fue enfático al señalar que “esto es apenas el comienzo” y confirmó que ya existen operaciones conjuntas en tierra con países aliados, como Ecuador, mientras evitó descartar futuras acciones unilaterales en la región.

Las cifras presentadas durante la audiencia reflejan impactos preliminares: una reducción del 20% en el tráfico de embarcaciones sospechosas en el Caribe y del 25% en el Pacífico oriental. Sin embargo, estos datos fueron recibidos con escepticismo por parte de legisladores demócratas, quienes cuestionan si realmente se está reduciendo el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

El congresista Adam Smith advirtió que la aparente disminución podría obedecer simplemente a un cambio en las rutas utilizadas por las organizaciones criminales, que estarían desplazando el tráfico hacia zonas menos vigiladas o incluso hacia vías terrestres. Esta perspectiva relativiza el impacto estructural de la ofensiva.

Las preocupaciones no se limitan a la efectividad, sino que también abarcan el terreno legal y estratégico. El representante Gil Cisneros ilustró sus reparos con una comparación directa: “Podríamos disparar contra sospechosos en las calles aquí en Estados Unidos y tal vez eso tendría un efecto disuasivo, pero eso no lo hace legal”. Su intervención reflejó el temor a que la lógica de disuasión supere los límites del derecho internacional.

Algunos legisladores advirtieron que este tipo de operaciones abiertas podría derivar en escenarios similares a las llamadas “guerras eternas”, en las que el compromiso militar se prolonga sin una meta clara de salida, generando costos políticos, económicos y humanos difíciles de sostener en el tiempo.

Desde el Pentágono, no obstante, se insiste en que la estrategia responde a una necesidad operativa. Humire defendió que la interdicción por sí sola no basta y que la disuasión tiene un efecto de señalización sobre los narcoterroristas y eleva los riesgos de sus movimientos.

El debate evidenció una marcada división política en Washington. Mientras algunos sectores advierten sobre los riesgos de una escalada, otros respaldan una postura más agresiva. El presidente del comité, Mike Rogers, defendió la necesidad de actuar en el origen de la amenaza al afirmar que “defender el territorio nacional no se detiene en nuestras fronteras”, dejando en claro el tono de una discusión que apenas comienza.