La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra la empresa administradora del emblemático sitio turístico por presuntas prácticas anticompetitivas que limitan la libertad de elección de los visitantes.

La Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia, está bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por una polémica práctica comercial: obligar a los turistas a adquirir paquetes completos de servicios, incluso aquellos que no desean utilizar.

La entidad anunció este lunes el inicio de una investigación administrativa contra la empresa que administra el complejo, tras detectar indicios de “venta atada”, una figura sancionada en la ley de defensa de la libre competencia. Esta práctica consiste en condicionar la compra de un producto o servicio esencial —en este caso, el acceso al templo subterráneo— a la adquisición de otros adicionales, sin ofrecer la posibilidad de adquirirlos por separado.

Actualmente, los visitantes no pueden comprar una entrada básica para recorrer la Catedral de Sal. En su lugar, deben adquirir un “pasaporte turístico” que incluye, de forma obligatoria, servicios como visita guiada, acceso a internet, ingreso al Museo Arqueológico de Zipaquirá, a la Casa Museo Quevedo Zornoza y transporte en el tren de salida. Aunque algunos de estos servicios pueden resultar atractivos, la SIC señala que su inclusión forzosa vulnera el derecho de los consumidores a decidir libremente qué pagar.

Lo que más preocupa a la autoridad es un dato revelado en la etapa preliminar de la investigación: solo el 50% de los turistas utilizan efectivamente los servicios adicionales incluidos en el paquete. Esto significa que la mitad de los visitantes pagan por beneficios que no aprovechan, lo que podría traducirse en un sobreprecio injustificado y una afectación directa al bolsillo, especialmente para turistas nacionales y extranjeros con presupuestos ajustados.

“La existencia de servicios complementarios no es ilegal en sí misma”, explicó la SIC en un comunicado. “Pero cuando se convierten en obligatorios sin alternativas, se distorsiona el mercado y se limita la libre competencia. El consumidor debe tener la opción real de elegir”.

La investigación ya incluyó visitas in situ al complejo, solicitudes de información a la empresa operadora y la toma de declaraciones a testigos. La compañía investigada tiene pleno derecho a presentar descargos, ofrecer pruebas y garantías, en cumplimiento del debido proceso. Por ahora, no se ha impuesto ninguna sanción, ya que el proceso se encuentra en fase probatoria.

Este caso cobra especial relevancia en un contexto de auge del turismo en Colombia. Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, el país recibió 14,8 millones de turistas internacionales, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos del mundo. En este escenario, la SIC ha intensificado su vigilancia sobre prácticas comerciales que puedan afectar la experiencia del viajero.

La Catedral de Sal, ubicada a 48 kilómetros de Bogotá, atrae anualmente a cientos de miles de visitantes por su valor histórico, religioso y arquitectónico. Su posición privilegiada como ícono turístico nacional podría estar facilitando un modelo de comercialización que, según la SIC, deja poco margen de elección al público.

La decisión de abrir esta investigación refleja el compromiso de la Superintendencia con la protección del consumidor y la transparencia en los servicios turísticos. Mientras avanza el proceso, la entidad insta a los visitantes a documentar sus experiencias y a denunciar cualquier práctica que considere abusiva.