El movimiento político nacido del Acuerdo de Paz de La Habana perdió su personería jurídica tras no alcanzar el umbral electoral exigido por la normativa. La candidata ex‑FARC Sandra Ramírez, quien buscaba la reelección al Senado bajo la coalición Fuerza Ciudadana, obtuvo apenas 7 600 votos, equivalentes al 0,55 % del total informado, muy por debajo del 3 % necesario para que el Partido Comunes continúe como entidad registrada.

Con el 74,19 % de mesas informadas, la coalición quedó muy lejos del requisito legal que obliga a los partidos a superar el 3 % de los votos válidos a nivel nacional en las elecciones legislativas. La cifra alcanzada por Ramírez y su bancada no solo impide la renovación de sus curules, sino que sella la desaparición oficial de una de las colectividades creadas para integrar a los excombatientes al sistema democrático.

Antecedentes del Partido Comunes

El Partido Comunes surgió en 2016 como una de las garantías del proceso de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con la denominación “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común”, el grupo obtuvo diez curules automáticas – cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes – para los periodos legislativos 2018‑2022 y 2022‑2026. Ese privilegio, pactado en La Habana, buscaba asegurar la participación política de los exguerrilleros y evitar su retorno a la violencia.

Sin embargo, la normativa electoral establece que, una vez concluido el mandato de esas curules, el partido debe competir en igualdad de condiciones y superar el 3 % de los votos válidos para conservar su personería jurídica. La última votación, celebrada el 8 de marzo, marcó el punto de inflexión.

Los resultados oficiales indican que la coalición Fuerza Ciudadana, a la que pertenecía Sandra Ramírez, acumuló menos de 8 000 sufragios en todo el país. La cifra, que representa apenas la mitad del umbral requerido, implica la pérdida automática del registro del Partido Comunes ante la Registraduría Nacional. Sin personería jurídica, la organización no podrá presentar candidatos bajo su propia sigla ni recibir financiamiento estatal.

Aun así, la desaparición del partido no elimina la posibilidad de que sus integrantes continúen en la vida política. Excombatientes como Julián Gallo, Luis Alberto Albán y Rodrigo Londoño podrán postularse como independientes o afiliarse a otras formaciones, siempre que cuenten con el aval de una colectividad legalmente reconocida.

Sandra Ramírez, quien había defendido la continuidad del proceso de paz y la inclusión de los excombatientes, manifestó su descontento en una entrevista posterior al escrutinio: “Un fallo no me va a callar; la muerte sí”. Por su parte, organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto, como la familia de Daisy Guanaro, reiteraron su exigencia de que los exFARC cumplan con la justicia y la reparación integral.

Expertos en política colombiana señalan que la caída del Partido Comunes pone a prueba la sostenibilidad de los acuerdos de paz cuando dependen de mecanismos electorales. “El modelo de curules automáticas fue una solución transitoria; ahora el verdadero desafío es ganar la confianza del electorado”, comenta la politóloga María Fernanda Gómez.

Con la pérdida del registro, los exguerrilleros deberán reconfigurar sus estrategias de participación. Algunas voces dentro del movimiento proponen la creación de una nueva plataforma política bajo una denominación distinta, mientras que otras abogan por integrarse a partidos tradicionales que compartan sus prioridades en temas de desarrollo rural, educación y justicia transicional.

En cualquier caso, el escenario político colombiano se prepara para una nueva etapa en la que la inclusión de los exFARC dependerá menos de acuerdos institucionales y más de la capacidad de los actores involucrados para conectar con la ciudadanía a través de propuestas concretas y transparentes.