El gobierno nacional ha establecido un plazo de 10 días para que las entidades estatales informen sobre posibles casos de prácticas irregulares ocurridos en los últimos seis años. Esta medida surge como respuesta al reciente escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La iniciativa se anunció durante la primera reunión de una mesa técnica convocada para documentar y abordar la problemática de la corrupción en el sector público. El encuentro, celebrado el jueves 29 de agosto, estuvo encabezado por la secretaria de transparencia y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Andrés Idarraga, secretario de Transparencia, explicó que la solicitud abarca a más de 236 entidades del orden nacional bajo la jurisdicción presidencial. Esta acción busca recopilar información sobre alertas o hallazgos relacionados con actos corruptos en el periodo mencionado.

Como parte de las medidas adicionales, se planea convocar una segunda mesa para evaluar a los funcionarios que no cumplan con las disposiciones anticorrupción. Asimismo, se instará a los servidores públicos del orden nacional a publicar su declaración de renta, fomentando así la transparencia en la administración pública.

El plan de acción discutido durante la reunión contempla estrategias para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción. Se resaltó la importancia de la colaboración entre las entidades nacionales para el éxito de esta iniciativa.