La Fiscalía General de la Nación confirmó que Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo y su pareja sentimental, Sindy Patricia Santiago Echeverría, deberán permanecer en un centro carcelario mientras se desarrolla el proceso judicial por los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas contra su hijo de siete años. El menor presenta una deformidad permanente en el rostro y requirió una cirugía maxilofacial reconstructiva.

Según el comunicado oficial de la Fiscalía, los agresiones se prolongaron entre 2024 y 2026 en domicilios de los barrios Simón Bolívar (Barranquilla) y Costa Hermosa (Soledad, Atlántico). El niño fue sometido a un patrón de maltratos físicos y psicológicos que incluyó golpes con varilla, cuchara de arroz, palo y cinturón; aperturas forzadas de la boca que provocaron sangrados; y ataques a hombros, espalda, pecho y pie derecho con objetos como piedras y maderas.

Durante la audiencia preliminar, el menor relató que Sindy Santiago lo agredía con mayor frecuencia e intensidad, mientras su madre utilizaba palos y cinturones. En uno de los testimonios, el niño describió cómo le forzaron a abrir la boca en el baño, reabriendo heridas ya existentes.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció una incapacidad médico‑legal de 25 días y confirmó la deformidad facial permanente. La gravedad de las lesiones obligó al menor a recibir atención especializada y a someterse a una intervención quirúrgica reconstructiva.

El fiscal a cargo del caso argumentó que la medida de aseguramiento es indispensable para salvaguardar la integridad del niño y evitar nuevos acercamientos de las acusadas. Ninguna de las dos mujeres aceptó los cargos presentados. Como parte de las disposiciones de protección, el menor quedó bajo la custodia de su padre biológico, quien ahora asume la responsabilidad de su cuidado y seguridad.

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar y la protección de menores en la región Caribe. Organizaciones de derechos infantiles exigen una respuesta más rápida de las autoridades y la implementación de protocolos de detección temprana en escuelas y centros de salud. La desescolarización del niño, según la investigación, habría sido una estrategia para ocultar los abusos y evitar que docentes detectaran las lesiones.