El Consejo de Estado admitió una demanda que busca decretar la pérdida de investidura de ocho congresistas por su presunto apoyo y promoción de la iniciativa denominada “Vaca por Antioquia”, la cual busca recaudar fondos para culminar las obras viales de las autopistas 4G en ese departamento.

La demanda fue interpuesta por el abogado Carlos Mario Patiño, quien argumenta que los legisladores habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al respaldar esta campaña de donaciones a la Gobernación de Antioquia, lo que constituiría un contrato estatal.

“Según el decreto de la Gobernación para reglamentar la vaca, esta se hace mediante donaciones y las donaciones son, típicamente, un contrato cuya parte pasiva es la Gobernación, que es una entidad pública. Ellos están haciendo a título personal una donación a una entidad pública, lo que sería un contrato estatal”, explicó Patiño.

Los congresistas demandados son los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrés Holguín Moreno y María Fernanda Cabal Molina, así como los representantes Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Martínez, John Jairo Berrio López y Julián Peinado Ramírez.

El abogado demandante advirtió que este proceso podría ser extenso, ya que los congresistas cuentan con recursos para contratar asesores jurídicos. Sin embargo, consideró que no podrán alegar desconocimiento del régimen de inhabilidades, dada su calidad de legisladores.

Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado notificará a los congresistas para que presenten sus argumentos de defensa. Además, un delegado del Ministerio Público deberá emitir un concepto sobre las pretensiones de la acción judicial.

La mayoría de los demandados pertenecen a la bancada antioqueña o al partido Centro Democrático, con excepción del representante Julián Peinado, del Partido Liberal, quien ha sido crítico de las posturas del Gobierno Petro sobre Antioquia.

Desde el Centro Democrático se restó importancia a la demanda, argumentando que no tiene asidero jurídico, ya que la donación es una conducta desinteresada y no representa beneficio alguno para los congresistas: “Los enemigos del civismo y la ‘vaca’ por las vías atacan de nuevo, ahora lo hacen contra la generosidad y solidaridad de nuestros congresistas. La demanda no tiene asidero jurídico”, se pronunció Centro Democrático.

El caso de la “Vaca por Antioquia” ha generado controversia y posiciones encontradas, y ahora será el Consejo de Estado quien determine si los congresistas demandados incurrieron en un posible conflicto de intereses al respaldar esta iniciativa para recaudar fondos para obras viales en ese departamento.