La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este 21 de septiembre crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco excomandantes de las extintas Farc. Los hechos investigados corresponden a patrones de violencia sexual y violencias basadas en género cometidos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, en el marco del Caso 05.

Los comparecientes, identificados con los alias de Calixto, Ricardo, Jaime Barragán, Monín y Leonel Páez, enfrentan cargos por violación, tortura, ultrajes contra la dignidad personal y persecución por motivos de género. Según determinó la Sala de Reconocimiento de Verdad, estos actos no fueron sucesos aislados, sino un patrón criminal ejecutado durante la disputa por el control territorial y social de la región.

La decisión atribuye responsabilidad de mando a estos antiguos líderes guerrilleros por no haber ejercido un control efectivo para prevenir, investigar y sancionar a sus subordinados. Este es el décimo patrón criminal identificado en el Caso 05, que aborda la situación territorial de las mencionadas regiones colombianas.

Víctimas, impactos y perspectiva étnica

La investigación documentó 68 hechos atribuidos a la guerrilla contra 35 víctimas, de las cuales 30 eran civiles y cinco pertenecían al grupo armado. Las agresiones se concentraron en municipios como Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono, Santander de Quilichao (Cauca) y Florida (Valle del Cauca).

Las mujeres y niñas sufrieron estos abusos en sus hogares, al transitar por caminos rurales o como castigo por negarse a unirse a la organización, incumplir directrices o impedir el reclutamiento de familiares. La violencia sexual generó daños profundos en la salud reproductiva, estigmatización, pérdida de oportunidades económicas y desplazamientos forzados. Además, el tribunal destacó el impacto étnico-territorial: para el Pueblo Nasa, la violencia sexual desarmoniza la “Uma Kiwe” (Madre Tierra), mientras que en las comunidades afrodescendientes afectó su espiritualidad y prácticas culturales.

El Caso 05 es el que más víctimas acreditadas tiene en la JEP, con 461 víctimas individuales (incluyendo 10 de la comunidad LGBTIQ+) y 207 colectivas que agrupan a más de 180.000 personas.

A partir de este anuncio, los cinco excomandantes tienen 30 días hábiles para reconocer o no su responsabilidad en los hechos. En caso de aceptarlos y aportar verdad plena, seguirán la ruta hacia una eventual Sanción Propia, que contempla de cinco a ocho años de “Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador”.

Estas sanciones no incluyen cárcel, sino restricciones efectivas de libertades enfocadas en reparar a campesinos desplazados, sustituir cultivos ilícitos o reconstruir infraestructuras locales.

Este pronunciamiento ocurre en medio de la tensión entre el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el tribunal transicional. El mandatario respaldó una propuesta para recortar $100.000 millones del presupuesto de la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.

Ante esta iniciativa, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, advirtió sobre los posibles efectos negativos en la independencia y el funcionamiento de la jurisdicción encargada de garantizar la paz y la justicia en el país.