El Senado de la República dio luz verde al Proyecto de Ley No. 138 de 2024, una iniciativa que busca fortalecer el Banco Nacional de Perfiles Genéticos (BNPG) como herramienta fundamental en la investigación criminal y la lucha contra la impunidad en Colombia.

La propuesta, liderada por el senador Humberto de la Calle, permitirá al Instituto Nacional de Medicina Legal ampliar significativamente su base de datos genéticos, que actualmente cuenta con apenas 10.000 perfiles, una cifra considerablemente menor en comparación con países como Estados Unidos, que mantiene más de 20 millones de registros.

“Cada ser humano deja una huella genética que se puede rastrear, similar a las huellas dactilares o al iris del ojo”, explicó De la Calle durante la presentación del proyecto, destacando la precisión y confiabilidad de esta tecnología que ya se implementa en 62 países.

El nuevo marco normativo establece protocolos rigurosos para la recopilación y gestión de muestras genéticas de personas condenadas o investigadas por delitos graves como feminicidio, homicidio, violencia sexual y secuestro. Para garantizar la privacidad, los perfiles serán almacenados bajo un sistema de codificación alfanumérica, sin datos personales identificables.

La ley contempla importantes garantías legales, incluyendo la creación de un Comité Técnico supervisor y la eliminación obligatoria de perfiles genéticos de personas absueltas. Además, establece sanciones para el uso indebido de la información almacenada.

En materia de financiamiento, el proyecto asegura recursos a través del Ministerio de Hacienda y permite al Instituto Nacional de Medicina Legal establecer convenios con entidades públicas y privadas. También contempla la posibilidad de utilizar bienes incautados en procesos de extinción de dominio como fuente de financiación.

Esta iniciativa se inspira en modelos europeos garantistas y busca equilibrar la eficacia en la investigación criminal con el respeto a los derechos fundamentales, siguiendo precedentes como el caso Marper contra Reino Unido, donde la Corte Europea de Derechos Humanos estableció estándares para el manejo de datos genéticos.

El proyecto representa un avance significativo en la modernización del sistema judicial colombiano, proporcionando herramientas científicas para la resolución de crímenes complejos y la prevención de la reincidencia delictiva.