El Tribunal Administrativo de Antioquia consolidó este martes la suspensión del Decreto 182 de 2026, que buscaba reorganizar el sistema de salud en Colombia mediante el traslado obligatorio de 6 millones de usuarios a Nueva EPS. La Sala Tercera del tribunal, al negar una solicitud de aclaración sobre la medida cautelar, advirtió que su implementación podría generar un “perjuicio irremediable” para los pacientes, al concentrar afiliados en una sola entidad y poner en riesgo el acceso a servicios médicos esenciales.

Un fallo que evita un “colapso catastrófico”

El auto judicial, respaldó la decisión inicial que suspendió el decreto tras verificar que Nueva EPS no contaba con la capacidad operativa para absorber a 2,6 millones de nuevos usuarios, elevando su cartera a 14 o 15 millones de afiliados. Según el tribunal, esta concentración de pacientes en una sola aseguradora —que pasaría a operar en 502 municipios— podría derivar en “resultados catastróficos”, incluyendo afectaciones generalizadas e irreparables en la atención sanitaria.

El magistrado ponente destacó que, de ejecutarse el traslado, se vulneraría el derecho fundamental a la salud, al limitar la libre elección de EPS y saturar los servicios de urgencias. “Podría dar lugar a un colapso de la entidad y resultados catastróficos”, señala el documento, que ahora queda en firme mientras se resuelve de fondo la acción popular interpuesta en su contra.

La decisión del tribunal refuerza las advertencias emitidas por hospitales, clínicas y entidades públicas desde que el Gobierno anunció el decreto. En octubre de 2024, la Personería de Medellín —en su rol de Agencia del Ministerio Público— denunció fallas graves y sistemáticas en Nueva EPS, incluyendo:

• Retrasos en citas especializadas y cirugías.
• Dilaciones en la entrega de medicamentos de alto costo.
• Barreras en la continuidad de tratamientos.
• Sobrecarga en urgencias y un incremento del 1.106 tutelas interpuestas en 2024 contra la EPS.

Además, la entidad reveló que Nueva EPS adeuda $115.132 millones a prestadores privados y $9.518 millones a la Red Pública Distrital de Medellín (cifras con corte a junio de 2025), lo que agrava su crisis financiera y limita su capacidad para garantizar servicios oportunos.

Mientras el tribunal resuelve el fondo del caso, el decreto permanece suspendido, y los traslados masivos no se ejecutarán. Sin embargo, el fallo abre un debate sobre la sostenibilidad del sistema, especialmente en un contexto donde:

• Las EPS enfrentan déficits financieros y demoras en pagos a hospitales.
• Los hospitales públicos operan al límite, pese a esfuerzos por mantener la atención.
• Las reformas estructurales siguen pendientes, sin resolver problemas como la fragmentación del sistema o la falta de recursos.

Gremios como la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) han insistido en que decisiones como el Decreto 182 no atacan las causas raíz de la crisis, sino que podrían agravarla si no se acompañan de medidas complementarias, como fortalecer la capacidad instalada de las EPS o modernizar la infraestructura hospitalaria.