Tras poner bajo su administración a más de 24,1 millones de afiliados al intervenir Sanitas (con 5,7 millones de usuarios) y la Nueva EPS (con 10.1 millones de afiliados) en cuestión de horas, la Superintendencia Nacional de Salud anunció como nuevo interventor a Jesús Alberto Rincón.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, confirmó que Rincón asumirá las funciones de representante legal de la Nueva EPS durante el año que durará la intervención decretada por el Gobierno, debido a “condiciones financieras y el aumento en las quejas y reclamos por parte de los usuarios”.

“Las orientaciones que el comité de medidas ha dado al superintendente para tomar estas medidas son similares con las que encontramos en la EPS Sanitas, donde ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder realizar sus funciones”, aseguró el superintendente Luis Carlos Leal.

Rincón reemplaza en el cargo a Aldo Cadena, quien apenas había sido nombrado representante legal de la Nueva EPS el pasado 16 de enero y permaneció poco más de dos meses en el puesto antes de ser removido por la intervención.

Aldo Cadena, cercano al presidente Gustavo Petro se había desempeñado anteriormente como secretario de Salud en la alcaldía de Bogotá del actual mandatario y, a mitades de enero, había asumido la junta directiva de la Nueva EPS luego de la salida de José Fernando Cardona como presidente.

En una jornada en la que también se hundió la reforma a la salud en el Congreso tras el triunfo de una ponencia de archivo, el superintendente Leal explicó que el nuevo interventor “queda a cargo de una entidad que no puede cesar en sus funciones porque tiene una responsabilidad muy importante”, pero de no mejorar la situación, ambas entidades podrían ser liquidadas o, como lo señaló el representante de Sanitas, expropiadas.

 

¿Es posible la expropiación?

Sanitas considera que la intervención ordenada por el Gobierno colombiano tiene una “falsa motivación” y sugiere una “posible expropiación” de la EPS por parte del Estado.

El representante legal de Keralty, grupo español dueño de Sanitas, Juan Pablo Currea, solicitó a la Procuradora General, Margarita Cabello, un espacio para exponer las “anomalías” que ven en la intervención.

Currea argumenta que la actuación de la Superintendencia de Salud al intervenir Sanitas “ha sido desproporcionada, discriminatoria, arbitraria y sugiere una posible expropiación”. Acusa una “falsa motivación” al afirmar que los problemas financieros afectaban la garantía del derecho a la salud de los afiliados.

Pide que se investiguen posibles conductas disciplinarias del Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y se evite la afectación al derecho a la salud de los cerca de 6 millones de usuarios de Sanitas.

La intervención por un año se decretó aduciendo insolvencia de Sanitas por incumplir requisitos financieros, con deudas de más de $2 billones de pesos (USD 524 millones).

Mientras el Gobierno defiende “salvar el sistema y la vida”, sectores ven una “revancha” contra privados por el hundimiento de la reforma a la salud.

La Procuradora confirmó vigilar el proceso para verificar que las causales sean razonables y proporcionales, tras la queja disciplinaria contra el Superintendente presentada por Sanitas.