El sector salud en Colombia enfrenta un momento de tensión debido a la discusión de la reforma en sesiones extraordinarias y a recientes decisiones de la Corte Constitucional que involucran al Ministerio de Salud y a su titular, Guillermo Alfonso Jaramillo.

En este contexto, el alto tribunal emitió dos autos: el 2049 de 2024 y el 007 de 2025. El primero solicita aclaraciones sobre la administración de los presupuestos máximos, es decir, los recursos no contemplados dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS). El segundo auto plantea dudas sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Según expertos en derecho médico, las decisiones de la Corte Constitucional se deben cumplir, especialmente cuando forman parte del seguimiento de la Sentencia T-760/08, cuyo objetivo es garantizar el derecho fundamental a la salud.

Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, señaló que el Gobierno estaría retrasando el cumplimiento de estas órdenes judiciales. Según González, esto afecta la independencia de los poderes y podría representar un desafío al Estado Social de Derecho.

“Las órdenes dictadas en el marco de la sala especial de seguimiento de la sentencia T-760/08 buscan garantizar el derecho fundamental a la salud de la población colombiana”, explicó González.

El Ministerio de Salud, por su parte, argumentó que las órdenes emitidas por la Corte aún no están en firme, pues han solicitado aclaraciones. Sin embargo, de acuerdo con especialistas en derecho constitucional, una solicitud de aclaración no suspende el cumplimiento de una orden judicial.

Desfinanciación del sistema

El sistema de salud colombiano enfrenta varios desafíos, entre ellos la desfinanciación, deudas acumuladas y la intervención de Entidades Promotoras de Salud (EPS). De acuerdo con el director de *Así Vamos en Salud* y exministro de Salud, Augusto Galán, esta situación impacta directamente en los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades de alto costo.

“La Corte está señalando que el sistema de salud tiene una desfinanciación estructural que debe ser corregida por el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Hacienda”, indicó Galán.

Los autos de la Corte también advierten sobre un posible desacato por parte del Ministro de Salud y su equipo. En caso de que no se cumplan las órdenes, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones que incluyen arresto de hasta seis meses y multas de hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), además de posibles consecuencias penales.

El déficit financiero en el sector salud se ha convertido en una de las principales preocupaciones.

Para 2025, el sistema de salud ya enfrenta una brecha presupuestaria significativa. Se estima que harían falta $4,2 billones solo para cubrir los presupuestos máximos. Además, si se consideran los cálculos de entidades como Anif, Acemi y la Andi, el déficit total en salud podría ascender a $12,9 billones.

Augusto Galán subrayó que los autos de la Corte buscan establecer una mesa de trabajo que permita definir estrategias para financiar adecuadamente el sistema y corregir los cálculos de los recursos asignados.

“Las órdenes comprenden varios aspectos, como el cálculo del rezago en la UPC desde 2021 hasta la fecha, la metodología de cálculo de la UPC, el presupuesto máximo que debe pagarse por atrasos de 2022 y las deudas pendientes de 2024”, explicó Galán.

El futuro del sistema de salud en Colombia dependerá de cómo se implementen las decisiones judiciales y las medidas que adopten el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional para garantizar su sostenibilidad financiera.