La Contraloría General de la República presentó un informe que evidencia una profunda crisis financiera y estructural en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia. El documento, con corte al 31 de diciembre de 2024, revela que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda total de $32,9 billones, situación que compromete la sostenibilidad del sistema de salud del país.

El informe destaca que únicamente 6 de las 29 EPS activas cumplen con los tres indicadores de habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión en reservas técnicas. Estas entidades solventes cubren apenas el 10,92% de los afiliados, mientras que el 89% restante de la población está vinculada a EPS que incumplen uno o más de estos requisitos fundamentales.

La situación se agrava al considerar que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo exigido, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no invierten sus reservas técnicas según la normativa vigente. Además, 16 EPS presentan problemas de liquidez que limitan su capacidad para responder a obligaciones inmediatas.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, han sido autorizadas 157 EPS, pero actualmente solo operan 29. Las liquidaciones de entidades sin solvencia han sobrecargado a las EPS restantes, que deben asumir afiliados sin contar con capacidad operativa o financiera suficiente, profundizando la crisis estructural.

La Contraloría enfatiza que ninguna de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) cumple con los requisitos de solvencia establecidos por la normativa vigente, pese a las intervenciones realizadas durante los últimos meses.

El sector farmacéutico representa otro foco de preocupación, con deudas que ascienden a $2,8 billones a operadores farmacéuticos. Esta situación ha afectado la entrega oportuna de medicamentos y se ha convertido en la principal causa de peticiones, quejas y reclamos (PQR), que aumentaron 23,2% en 2024, pasando de 1,3 millones a más de 1,6 millones.

La Nueva EPS, que cuenta con más de 11,5 millones de afiliados, mantiene una situación particularmente crítica al no presentar estados financieros certificados desde 2023 y registrar patrimonio negativo. Esta entidad concentra el 22% del total de PQR presentadas en 2024.

La siniestralidad promedio alcanzó el 110,1% en 2024, lo que indica que los costos en salud superan los ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC). Los rangos varían desde el 87% en Cajacopi Atlántico hasta el 131% en Ferrocarriles Nacionales.

El sistema judicial también refleja la crisis: en 2024 se presentaron 175.025 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, representando un aumento del 35% respecto al año anterior. El 91% de las PQR se relacionan con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.

La modalidad de Pago Global Prospectivo (PGP) representa un riesgo fiscal significativo al permitir pagos anticipados sin controles adecuados. Adicionalmente, el informe señala que no existe reglamentación clara para el cálculo del gasto administrativo, y ni el Ministerio de Salud ni la Superintendencia Nacional de Salud han emitido lineamientos técnicos específicos.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República, advierte que estas condiciones comprometen la capacidad del sistema para responder con oportunidad y calidad a la demanda en salud. “No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo, si no se toman decisiones estructurales y urgentes”, declaró.

El informe exige decisiones inmediatas para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud colombiano, ante una crisis que afecta directamente el acceso y la calidad de los servicios médicos para millones de ciudadanos.

 

 

Con información de noticias caracol y la república