El Colegio Médico Colombiano solicitó al Gobierno Nacional adoptar medidas específicas para proteger a los médicos y demás trabajadores de la salud afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, especialmente a quienes estaban vinculados mediante contratos de prestación de servicios o mecanismos de tercerización.

La petición fue dirigida a la Presidencia de la República y a los ministerios de Salud y Protección Social y del Trabajo, ante las dificultades que enfrenta el personal sanitario de las zonas afectadas por la emergencia.

Según el gremio, el cierre total o parcial de algunas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE) ha impedido que parte del personal pueda continuar desarrollando sus actividades y, como consecuencia, ha dejado a trabajadores sin ingresos.

Piden medidas para garantizar ingresos y seguridad social

Entre las propuestas planteadas por el Colegio Médico Colombiano está garantizar la estabilidad de los trabajadores vinculados bajo estas modalidades durante el tiempo que permanezca la emergencia.

El gremio también solicitó establecer subsidios o beneficios económicos mensuales para quienes hayan quedado sin posibilidad de prestar sus servicios como consecuencia de los daños ocasionados por el terremoto.

A esto se suma la petición de implementar alivios en los aportes al sistema de seguridad social integral, con el propósito de evitar que la interrupción de los ingresos termine afectando también la cobertura de salud, pensiones y otros componentes del sistema.

La organización sostiene que estas medidas son necesarias porque una parte importante del personal sanitario en las regiones afectadas no tiene una relación laboral directa con las instituciones donde presta sus servicios.

Trabajadores tercerizados, entre los más afectados

De acuerdo con el Colegio Médico Colombiano, numerosas IPS privadas y ESE recurren a contratos de prestación de servicios y mecanismos de tercerización para vincular a médicos, enfermeros y otros profesionales y trabajadores del sector.

En circunstancias normales, estas modalidades permiten mantener la operación de los servicios de salud, pero ante el cierre o suspensión de actividades de una institución, quienes dependen directamente de la prestación efectiva de sus servicios pueden quedar sin ingresos.

El gremio advierte que esta situación se presenta precisamente en una emergencia en la que el personal sanitario continúa siendo indispensable para atender a las comunidades damnificadas.

Por ello, considera necesario que las medidas de protección laboral adoptadas por el Gobierno contemplen también a quienes no cuentan con un contrato laboral directo con las instituciones afectadas.

Circular del Ministerio del Trabajo

El Colegio Médico Colombiano también hizo referencia a la Circular 096 del 13 de agosto de 2026, expedida por el Ministerio del Trabajo, que establece orientaciones en materia laboral, protección social, seguridad y salud en el trabajo y acompañamiento institucional ante la situación de desastre.

Sin embargo, el gremio considera que las disposiciones existentes no son suficientes para atender las particularidades de los trabajadores de la salud vinculados mediante contratos de prestación de servicios o esquemas de tercerización.

Por esta razón, pidió al Gobierno expedir decretos o circulares adicionales que establezcan mecanismos concretos de protección durante la emergencia.

La declaratoria de desastre cobija, según la organización, a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander.