El presidente Abelardo de la Espriella llegó este martes a la plaza de armas del cantón militar en Cúcuta para activar la campaña militar y policial “Esparta” y el “Bloque Operacional de Seguridad Urbana”. Estas estrategias, que movilizan al menos a 1.500 integrantes de la Fuerza Pública en Norte de Santander, buscan recuperar el control territorial y enfrentar a las organizaciones criminales responsables de la reciente ola de violencia en la zona limítrofe con Venezuela.

Durante su visita, el jefe de Estado anunció el reforzamiento de los controles en puntos estratégicos de la frontera para contrarrestar el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. De la Espriella enfatizó que las acciones van dirigidas exclusivamente contra las bandas transnacionales y grupos al margen de la ley, y no contra los ciudadanos que cruzan legalmente para trabajar, estudiar o comerciar. “Colombia tiene el derecho y la obligación de ejercer plenamente su soberanía e impedir que los criminales utilicen la frontera para cometer delitos”, afirmó el mandatario, aclarando que su deber es facilitar el tránsito legal sin obstáculos innecesarios.

Para potenciar la ofensiva, el gobierno nacional sumará el apoyo de la cooperación internacional en inteligencia militar e investigación criminal. El propósito es identificar las redes responsables de financiar a las estructuras delictivas y perseguir sus rentas ilegales. “He ordenado intensificar la operación militar con cooperación internacional para la persecución de las fuentes de financiación de las organizaciones terroristas que están en la región atemorizando a las comunidades civiles”, agregó el presidente.

El mandatario también instruyó a las autoridades militares para arreciar las operaciones en el Catatumbo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC. Estas redes se disputan el control de rutas ilícitas y han generado un grave deterioro en la convivencia. La militarización temporal de la capital nortesantandereana responde a la necesidad de recuperar la autoridad del Estado y desarticular las fuentes de financiación en las comunidades afectadas.

La puesta en marcha de estas nuevas capacidades ocurre tras una serie de atentados que conmocionaron a Cúcuta en la última semana. Entre los episodios más graves destaca el asesinato del exsecretario de Gobierno y precandidato a la alcaldía, Miguel Castellanos, ocurrido el 26 de octubre, y el ataque con explosivos contra las instalaciones de la DIAN, en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander. Estos sucesos obligaron a las Fuerzas Militares y a la Policía a coordinar un despliegue conjunto y sostenido dentro del marco constitucional.

Aunque sectores regionales respaldan la medida de seguridad, exigen que vaya acompañada de desarrollo social. El representante a la Cámara, José Luis Duarte, planteó que se requieren inversiones y incentivos económicos para mejorar la calidad de vida de la población. Por su parte, el analista político Edgar Allan Niño advirtió sobre la urgencia de atender las causas estructurales de la violencia, proponiendo una respuesta que articule seguridad, progreso y recuperación de la confianza en la tensa región fronteriza.