La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un juicio disciplinario contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cerrando cualquier posibilidad de que estos revelen información sobre otros posibles implicados en el caso de corrupción.

Con esta determinación, los exfuncionarios pierden la oportunidad de colaborar con la justicia disciplinaria y testificar contra otros posibles responsables en el escándalo de millonarios sobrecostos en la adquisición de carrotanques.

José Luis Moreno, abogado de Olmedo López, criticó duramente la decisión: “La Procuraduría decidió disparar contra la verdad para salvar a los culpables”. Según el letrado, la institución ha silenciado deliberadamente a un testigo clave, privando al país de conocer las conexiones ocultas detrás del caso.

El jurista denunció que la decisión parece responder más a intereses mediáticos que a la búsqueda de justicia. “Parece que la Procuraduría buscaba más titulares que justicia. Es como si las decisiones se tomaran con la calculadora política en una mano y el expediente relegado al fondo del escritorio”, manifestó.

La determinación impide que los testimonios de López y Pinilla sean utilizados para avanzar en investigaciones contra otros posibles responsables, entre ellos el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara Andrés Calle.

Moreno advirtió que esta decisión va más allá de su cliente, afectando la confianza ciudadana en las instituciones. “La justicia disciplinaria parece más un juego de ajedrez donde las piezas protegen al rey, mientras sacrifican a los peones”, sentenció.

Los exfuncionarios habían solicitado aplazamientos argumentando la necesidad de garantías legales, incluyendo un principio de oportunidad ofrecido previamente por la Fiscalía. Sin embargo, al no avanzar en su colaboración, la Procuraduría cerró cualquier posibilidad de beneficio disciplinario.

El abogado no descartó presentar acciones legales para proteger los derechos de su cliente y continúa cuestionando el impacto de esta decisión en el desarrollo del caso de corrupción de la UNGRD.