En medio de un ambiente político altamente polarizado, la firma de abogados Víctor Mosquera presentó una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La acción legal fue radicada en nombre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático.

De acuerdo con el documento de siete páginas entregado a las autoridades, la defensa de Uribe Turbay argumenta que el jefe de Estado ha incurrido en una conducta reiterada de presunto hostigamiento, que podría configurar una violación a la ley penal colombiana por razones de pertenencia política.

Señalamientos constantes en redes y discursos

El abogado Víctor Mosquera, apoderado del congresista, afirmó que la denuncia se fundamenta en más de 43 pronunciamientos públicos y publicaciones en redes sociales hechos por el presidente Petro durante los últimos tres años. Según Mosquera, dichas expresiones tendrían un carácter “estigmatizante” y estarían dirigidas directamente a deslegitimar y desacreditar la labor política de Uribe Turbay.

“Estamos solicitándole a la Comisión de Acusación que investigue y determine si las conductas del presidente de la República están enmarcadas dentro de un discurso de odio”, aseguró Mosquera en declaraciones a medios.

El jurista también señaló que los señalamientos del presidente no solo serían injustificados, sino que además afectarían el derecho a ejercer la oposición, debilitando así el debate democrático y la pluralidad política.

 ¿Incitación al odio político?

Aunque Mosquera aclaró que la denuncia no vincula directamente al presidente Petro con el atentado sicarial que sufrió Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá, sí sugirió que el ambiente político generado por los continuos señalamientos públicos podría haber favorecido un clima de hostilidad que antecedió al ataque.

“La legislación colombiana contempla el delito de hostigamiento por motivos políticos, y consideramos que los mensajes del presidente podrían enmarcarse dentro de esa figura penal”, explicó el abogado.

Además, criticó lo que considera una falta de responsabilidad institucional por parte del mandatario: “El presidente ha sido absolutamente irresponsable en sus señalamientos contra líderes de la oposición. Esto genera odio en la población, genera polarización”.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, órgano encargado de investigar a altos funcionarios del Estado —incluido el presidente en ejercicio— deberá ahora determinar si la denuncia reúne los requisitos necesarios para abrir una investigación formal.

Hasta el momento, ni la Casa de Nariño ni la propia Comisión han emitido declaraciones oficiales sobre la denuncia radicada. Sin embargo, esta acción legal se da en un contexto de alta tensión entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición, en medio de controversias por reformas estructurales y propuestas como la posible convocatoria a una asamblea constituyente.

La denuncia contra Petro se suma a un conjunto de hechos que han elevado el tono del enfrentamiento político en Colombia. En pleno año preelectoral, con figuras como Miguel Uribe Turbay posicionándose como precandidatos presidenciales, este proceso judicial podría tener implicaciones tanto jurídicas como electorales.

De proceder la investigación, se abriría un escenario inédito en la actual administración, en el que el presidente podría enfrentar cuestionamientos legales por el manejo de su discurso público. En cualquier caso, la denuncia marca un nuevo capítulo en la confrontación entre el Ejecutivo y la oposición, y pone a prueba los mecanismos institucionales de control y rendición de cuentas en el país.