A menos de dos semanas de la entrega del poder, el gobierno de Gustavo Petro se ve sacudido por otro escándalo que involucra a la exgerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. El mandatario declaró insubsistente el cargo de Rodríguez tras una entrevista en la que la funcionaria volvió a “prender el ventilador” y, además, divulgó su historia clínica, una práctica calificada como ilegal. La decisión se produce en medio de la controversia por la orden de trasladar un billón de pesos del Fondo a la UNGRD para enfrentar los supuestos daños del fenómeno “Superniño”.

Lo esencial

• Petro solicitó al Ministerio de Hacienda que declare insubsistente a Angie Rodríguez por “incompetencia” y la acusó de manipulación.
• En la misma publicación, el presidente mostró un documento interno que revela la historia clínica psiquiátrica de Rodríguez, violando la normativa de protección de datos.
• Rodríguez había rechazado la transferencia de 1 billón de pesos del Fondo de Adaptación a la UNGRD, argumentando que esos recursos estaban destinados a la comunidad de La Mojana.
• El presidente electo Abelardo de la Espriella intervino, pidiendo a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que escuchen a Rodríguez y garantizando su seguridad.
• El futuro ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el director designado de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, confirmaron que la funcionaria había sido amenazada y que se le exigía silencio.

Antecedentes del conflicto

Angie Rodríguez ingresó al gobierno de Petro como asesora del Ministerio de Salud y, posteriormente, como jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), posición que la convirtió en la mano derecha del presidente. En 2024 fue nombrada directora del Fondo de Adaptación, entidad responsable de financiar proyectos de mitigación climática y asistencia a víctimas de desastres ambientales.

Durante su gestión, Rodríguez denunció irregularidades internas, acusó a varios funcionarios de presionar su seguridad y afirmó que la Policía debilitaba su esquema de protección. Entre los nombres señalados se encuentran Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD; Juliana Guerrero, gerente del Fondo Paz; Letty Leal, y Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente.

La orden del “billón de pesos”

El punto de mayor tensión radica en la directiva presidencial que ordena mover un billón de pesos del Fondo de Adaptación a la UNGRD bajo la premisa de financiar medidas contra el “Superniño”, un fenómeno climático que se espera impacte a Colombia a finales de año. Rodríguez sostuvo que esos recursos ya estaban comprometidos con proyectos en La Mojana y anunció que interpondría acciones legales para bloquear el decreto.

Reacción del gobierno entrante

Tras la publicación de la denuncia, el presidente electo Abelardo de la Espriella emitió un tuit solicitando a las autoridades judiciales que atiendan la versión de Rodríguez. En un mensaje interno a su futuro ministro del Interior, Lara, y al director de la UNP, Blanco, ordenó garantizar la protección de la exgerente y denunció la “tolerancia cero” frente a la corrupción.

Lara confirmó haber conversado con Rodríguez y Blanco, señalando que la funcionaria había sido presionada para autorizar el traslado de los fondos. En un comunicado dirigido a los empleados del Fondo, el futuro ministro instó a no acatar órdenes “espurias” provenientes de la Presidencia y advirtió sobre posibles contrataciones exprés en la UNGRD.

El caso pone en evidencia la fragilidad de la institucionalidad en los últimos días del gobierno de Petro y plantea desafíos para la administración entrante. De la Espriella ha prometido una investigación exhaustiva y la protección de los denunciantes, mientras que la Fiscalía y la Contraloría aún no han emitido pronunciamientos definitivos.

Con la presión de la opinión pública y la cercanía de la entrega del poder, el futuro de la polémica dependerá de la rapidez con la que las autoridades competentes actúen. La ciudadanía espera respuestas claras sobre la legalidad del traslado de recursos y la garantía de seguridad para los funcionarios que se atreven a cuestionar decisiones presidenciales.