La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó graves crímenes de guerra a 11 antiguos comandantes de los bloques Magdalena Medio y Caribe de las extintas Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y Pastor Alape, quienes integraron el último Secretariado de esa organización guerrillera.

La decisión se fundamenta en los testimonios de 733 víctimas y 72 informes de organizaciones de derechos humanos, que permitieron documentar homicidios, desplazamientos forzados, torturas, violencia sexual y ataques contra la población civil cometidos durante el conflicto armado en el norte y nororiente colombiano.

Entre los hechos investigados figuran la toma guerrillera de Chalán, en Sucre, el atentado con un «burro bomba» en ese municipio, el ataque contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, en 2002, y la masacre de la finca La Duquesa, perpetrada en Tibú, Catatumbo, en 2004.

Crímenes sistemáticos y una impunidad cercana al 100 %

La JEP identificó patrones de violencia dirigidos a perseguir a personas consideradas enemigas de la guerrilla, castigar a quienes desobedecían sus órdenes y expulsar a las autoridades de los territorios bajo su control.

También documentó ataques indiscriminados, emboscadas y utilización de minas antipersonal en zonas transitadas por civiles.

Uno de los hallazgos más graves revela que los casos de desplazamiento y desaparición forzada en el Caribe y Magdalena Medio registraban un 100 % de impunidad. Además, más del 95 % de los procesos abiertos por denuncias nunca llegaron a juicio.

¿Qué sigue para los excomandantes?

Los 11 imputados tendrán hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer su responsabilidad o rechazar los señalamientos y presentar pruebas adicionales. Las víctimas y el Ministerio Público podrán formular observaciones hasta el 8 de febrero de 2027.

Aunque la imputación no constituye una condena, la decisión representa un avance judicial frente a crímenes que permanecieron durante décadas sin esclarecer.

Para las víctimas, el proceso abre una nueva oportunidad de obtener verdad, justicia y reparación por hechos que marcaron a comunidades enteras durante el conflicto armado colombiano.