La denominada Ley Anticapuchos, que busca penalizar el uso de capuchas, máscaras o pasamontañas para ocultar la identidad durante la comisión de actos vandálicos, dio su primer paso en el Congreso de la República. Este miércoles, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa con 20 votos a favor y dos en contra, en medio de un debate sobre seguridad, libertades individuales y derecho a la protesta.

El proyecto, impulsado por el representante Jaime Arizabaleta, pretende establecer consecuencias penales para quienes oculten su rostro con el propósito de cometer actos delictivos, una práctica que ha generado controversia durante distintas jornadas de movilización social en el país.

“Yo llegué aquí a defender a los trabajadores, a los colombianos de a pie, a los que quieren trabajar y no pueden trabajar”, manifestó Arizabaleta al defender la propuesta.

El representante por Bogotá, David Cote, también respaldó la iniciativa y aseguró que busca impedir que quienes cometen delitos aprovechen el anonimato para evadir la acción de las autoridades.

“Los que cubren su identidad para cometer delitos ya no tendrán dónde esconderse”, afirmó.

Oposición advierte riesgos para el derecho a la protesta

La aprobación del proyecto provocó cuestionamientos de sectores de oposición, que consideran que la iniciativa podría ser inconstitucional y abrir la puerta a restricciones indebidas contra quienes participan en manifestaciones.

Uno de los principales críticos fue el representante Gabriel Becerra, quien cuestionó la necesidad de crear nuevos delitos para castigar conductas que, según explicó, ya están contempladas en el Código Penal colombiano.

“El proyecto de Ley Anticapuchos puede salirle caro a la democracia colombiana. Para crear un nuevo tipo penal, el Congreso debe demostrar por qué hace falta”, manifestó.

Becerra sostuvo que la propuesta podría terminar estigmatizando a quienes ejercen su derecho a manifestarse, al asociar el uso de elementos para cubrir el rostro con la comisión de delitos.

“¿Para qué crear más delitos si esas conductas ya se pueden sancionar? Lo que hay detrás de esa insistencia es simple desprecio por la protesta social y un intento de estigmatizar a quienes se movilizan. ¡Exijo que se respete el derecho a protestar!”, agregó.

Tras superar su primer debate, el proyecto deberá ser discutido y votado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Si obtiene el respaldo necesario, continuará su trámite en el Senado antes de una eventual sanción presidencial.

Por ahora, la aprobación en comisión no significa que el uso de capuchas o máscaras se haya convertido en un nuevo delito en Colombia. La iniciativa todavía debe superar las etapas restantes del proceso legislativo.