Después de nueve días de negociaciones, el Gobierno Nacional y los productores arroceros del Tolima alcanzaron un acuerdo que permitió el levantamiento del paro y el inicio del desbloqueo de las vías en el país. El Ministerio de Agricultura confirmó la noticia en la noche del 11 de marzo, tras una reunión en el municipio de El Espinal, Tolima, donde se definieron medidas para abordar la crisis del sector arrocero y sentar las bases para su desarrollo a largo plazo.

Entre los compromisos adquiridos destacan medidas de financiamiento, comercialización, salvaguardias, manejo fitosanitario, un fondo de estabilización de precios y la revisión de costos de producción.

Para la comercialización del arroz, el Gobierno dispuso recursos por $21.930 millones para pequeños y medianos productores. De este total, el 40 % ($8.747 millones) será destinado a pequeños agricultores, con el fin de apoyar la venta de aproximadamente 72.896 toneladas de arroz.

Respecto a las importaciones del grano, se trabajará en conjunto con el Ministerio de Comercio para gestionar la implementación de salvaguardias que protejan la producción arrocera nacional.

Asimismo, se estableció un incentivo de $15.000 por carga para pequeños productores y de $9.750 para medianos. Como parte de la estrategia de comercialización, se impulsará la apertura de mercados internacionales con el apoyo del Ministerio de Comercio, Procolombia y la Agencia de Desarrollo Rural, con el objetivo de colocar una parte de los inventarios en mercados como Venezuela.

Además, se fortalecerá la estrategia de compras públicas locales, permitiendo que los productores vendan sus cargas de arroz a entidades gubernamentales que requieran este cereal para distintos programas sociales.

¿Qué sucederá en otras regiones?

Mientras se consolidan los acuerdos en el Tolima, en departamentos como el Huila se espera que en las próximas horas se logren pactos similares entre los líderes arroceros y el Gobierno, con el fin de garantizar el restablecimiento total de la movilidad en las vías del país.

Este acuerdo representa un avance en la búsqueda de soluciones estructurales para el sector arrocero, mientras el Gobierno y los productores continúan trabajando en estrategias que permitan mejorar las condiciones económicas y comerciales de los agricultores en el país.