El Gobierno de Colombia ha anunciado la apertura de un “espacio de conversación sociojurídico” con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una organización paramilitar también conocida como “Los Pachenca”. La medida fue formalizada mediante la resolución 300 del 1 de agosto de 2024, firmada por el presidente Gustavo Petro, quien busca avanzar en su política de “paz total”.

Este espacio de conversación tiene como objetivo establecer un diálogo con las ACSN para verificar su disposición a someterse al Estado de derecho, definir los términos de su sometimiento a la justicia, y contribuir a la construcción de paz en las regiones afectadas por la violencia de este grupo armado. Según la resolución, los delegados designados por el Gobierno para liderar estas conversaciones son Óscar Mauricio Silva Osorio, Marcela Bustamante Morón y Ricardo Ernesto Villa Sánchez.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada emergieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar al que se le atribuyen numerosos homicidios durante el conflicto armado colombiano. Actualmente, esta banda opera principalmente en el departamento del Magdalena, con su base en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde allí, dirigen actividades relacionadas con el narcotráfico y la extorsión, afectando tanto a la población local como a la actividad turística de la región.

Compromiso con la paz

Las ACSN han mostrado su disposición para negociar con el Gobierno colombiano, habiendo declarado un cese al fuego unilateral desde hace más de un año y medio, en espera de un diálogo formal que finalmente se materializa con este espacio de conversación sociojurídico. Este esfuerzo es parte de la estrategia del Gobierno de Petro para involucrar a diversos grupos armados en procesos de paz, bajo la premisa de reducir la violencia en las regiones más afectadas del país.

Este nuevo frente de paz es el quinto espacio de conversación sociojurídico establecido por el Gobierno colombiano en el marco de la Ley de “Paz Total”. Esta ley permite acercamientos con grupos armados que no tienen reconocimiento político, con el objetivo de reducir la criminalidad y facilitar la reintegración de sus miembros a la sociedad. Anteriormente, se han iniciado diálogos similares con bandas criminales en Buenaventura, Quibdó, Valle de Aburrá, y con el Clan del Golfo, el mayor grupo criminal del país.