Francia Márquez lanza duros cuestionamientos a la Corte Constitucional por tumbar el Ministerio de la Igualdad

Por: Elizabeth Montoya

10 mayo, 2024

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, no ocultó su molestia y descontento ante la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley que dio origen al Ministerio de la Igualdad, cartera que ella lidera actualmente. En duros términos, Márquez cuestionó a los magistrados del alto tribunal y anunció que tramitará un nuevo proyecto de ley ante el Congreso para mantener vigente esta dependencia del Gobierno nacional.

“¿Cómo es posible que una institución que trabaja por la gente más vulnerable de este país tenga que desaparecer? Respetamos la decisión, pero no la compartimos”, expresó Márquez durante una jornada del Gobierno en Manizales, donde expuso uno de los casos que, según ella, motivó la creación de su cartera: el desabastecimiento de agua en La Guajira.

La vicepresidenta rechazó enérgicamente el fallo de la Corte Constitucional, que determinó que la Ley 2281 de 2023, la cual dio vida jurídica al Ministerio de la Igualdad, dejará de existir al término de la legislatura del Congreso en 2025-2026. Esto debido a que, según el alto tribunal, en el trámite de aprobación de la ley se registraron vicios de trámite, como la omisión del análisis de impacto fiscal exigido por la Ley 819 de 2003.

“Dejamos aquí, en esta mesa, expresada nuestra posición frente a la decisión de la Corte. Y decirles como ministra que acá seguimos firmes, porque ese fue el compromiso del Gobierno. Y vamos a seguir firmes, trabajando por la gente, y firmes trabajando por la transformación de este país, hasta que la dignidad se haga costumbre”, enfatizó Márquez, dejando en claro su determinación por mantener vigente el Ministerio de la Igualdad.

La polémica decisión de la Corte Constitucional ha generado reacciones encontradas entre simpatizantes del Gobierno y críticos. Mientras el alto tribunal justifica su fallo en los vicios de trámite durante la aprobación de la ley, Márquez y el Ejecutivo defienden la permanencia de una institución que, según afirman, vela por los derechos de los grupos más vulnerables del país.