La posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente mediante un mecanismo similar al de la Séptima Papeleta, como lo ha sugerido el presidente Gustavo Petro, ha desatado una fuerte polémica en círculos académicos y jurídicos del país. Durante el panel “La consulta popular en la mira: problemas constitucionales y retos institucionales”, realizado en la Universidad del Rosario, destacados exmagistrados y expertos constitucionalistas coincidieron en advertir que la propuesta es “jurídicamente inviable” y representa un riesgo para la estabilidad institucional del país.

Antonio Lizarazo, exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, lanzó una de las advertencias más contundentes: “Estamos bajo la amenaza de un proyecto autoritario que ya está en ejecución. Si no lo enfrentamos desde la ciudadanía, Colombia se va a arrepentir”. Para Lizarazo, el Gobierno ha desviado su función principal de gobernar y se ha volcado a una campaña permanente, instrumentalizando la participación ciudadana con fines políticos.

Luis Guillermo Guerrero, también expresidente de la Corte Constitucional, aclaró que la figura de la Asamblea Constituyente sí está prevista en la Carta Política de 1991, pero debe activarse mediante una ley del Congreso aprobada por mayoría calificada. “Pretender eludir ese camino provoca una reacción institucional legítima”, afirmó. Según Guerrero, saltarse los procedimientos establecidos rompe la legitimidad del proceso y socava la separación de poderes.

Desde una perspectiva crítica, el exmagistrado Alejandro Linares sugirió que la propuesta tiene un trasfondo político más que jurídico. “Lo que quiere Petro es un gancho para su lista al Senado. Todos sabemos que esa papeleta no va para ningún lado desde el punto de vista legal, pero sí puede movilizar votos”, apuntó, resaltando el riesgo de usar herramientas constitucionales como estrategias electorales.

La conjuez del Consejo de Estado y docente María Andrea Calero abordó el tema del control judicial sobre este tipo de decisiones, señalando que aunque los actos políticos han estado históricamente excluidos del escrutinio judicial, el artículo 104 del CEPACA permite su análisis en algunos casos. No obstante, enfatizó que dicho control debe centrarse exclusivamente en los aspectos jurídicos, no en la conveniencia política.

Participación sí, pero con límites institucionales

Martha Sáchica, exsecretaria de la Corte Constitucional, insistió en que toda forma de participación ciudadana debe estar enmarcada en el conocimiento jurídico y el respeto a los procedimientos. “La participación no puede desligarse del contexto, del conocimiento y de las consecuencias jurídicas”, afirmó. Advirtió que trivializar los mecanismos de reforma puede erosionar la legitimidad del orden constitucional.

El profesor Héctor Rojas ofreció una reflexión desde la teoría constitucional contemporánea. Comparó la propuesta del Ejecutivo con “tumbar toda la casa solo para remodelar la cocina”, sugiriendo que recurrir a una constituyente sin agotar antes las vías ordinarias de reforma es desproporcionado. “Las constituciones están hechas para durar. Deben evolucionar, sí, pero con criterios jurídicos claros y deliberación democrática seria”, concluyó.

El panel dejó claro que si bien la Constitución permite una Asamblea Constituyente, activarla requiere de un estricto cumplimiento legal y de amplios consensos democráticos. Intentar imponerla por vías informales no solo genera inseguridad jurídica, sino que amenaza con fracturar el equilibrio institucional de la democracia colombiana.