La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) está en el centro de uno de los mayores casos de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación, que involucra a altos funcionarios, congresistas y contratistas, tiene ahora al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, bajo el escrutinio de la Fiscalía, tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora de su despacho.

El caso comenzó en diciembre de 2023, cuando Benavides presionó para que la UNGRD aprobara recursos por 92.000 millones de pesos destinados a proyectos de prevención en los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen. Según Benavides, el objetivo real era beneficiar a congresistas clave para garantizar la aprobación de un cupo de endeudamiento en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Las investigaciones revelaron que los contratistas seleccionados para ejecutar las obras fueron sugeridos por congresistas que, según Benavides, contaban con el conocimiento y aprobación del ministro Bonilla. Entre los nombres destaca el de Harry Bejarano, un ingeniero relacionado con políticos locales como Vanessa Hodeg, secretaria general del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y con nexos con el representante Wadith Manzur del Partido Conservador.

Inicialmente, Benavides optó por el silencio. Sin embargo, una amenaza de muerte recibida por su familia y su abogado la llevó a cambiar de postura. En su declaración ante la Fiscalía, Benavides afirmó que Bonilla sabía y aprobaba las negociaciones con los congresistas.

“Él me usó, él sabía todo lo que estaba ocurriendo y no le importaba el costo”, declaró Benavides, implicando directamente al ministro. Estas declaraciones son respaldadas por evidencia documental y comunicaciones entre los implicados.

Impacto político y legal

El caso ha tenido un efecto dominó en el Gobierno. Altos funcionarios, como Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sandra Ortiz, exdirectora del Fondo de Adaptación, ya han sido vinculados al esquema. Aunque el presidente Gustavo Petro ha defendido a Bonilla públicamente, la presión aumenta conforme se revelan más detalles.

La Fiscalía ha señalado que planea profundizar en las investigaciones sobre la participación de Bonilla, lo que podría derivar en su destitución y judicialización. El ministro, por su parte, ha manifestado su intención de demostrar su inocencia, pero las pruebas presentadas complican su defensa.

Este escándalo se produce en un contexto político crucial para el Gobierno. Bonilla no solo lidera una reforma tributaria pendiente, sino que también es clave en la administración de empresas estatales. Su salida o vinculación judicial podría desestabilizar aún más el panorama político del país.