La defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró su rechazo a la incorporación de Armando Benedetti al Gobierno Nacional como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro. En una entrevista con Colprensa, Marín calificó su permanencia en el gabinete como “insostenible” y aseguró que el país enfrenta problemas mucho más urgentes que requieren la atención del Ejecutivo.

La funcionaria destacó que el país atraviesa una crisis de derechos humanos y de orden público, especialmente en regiones como el Catatumbo y el suroccidente del país, donde la violencia por parte de grupos armados ilegales ha aumentado. Según Marín, la prioridad del Gobierno debería estar enfocada en enfrentar estos problemas y garantizar la protección de la población civil.

Marín hizo énfasis en la difícil situación que atraviesan diversas regiones del país debido a la expansión de grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Señaló que en 790 municipios de los 32 departamentos existen alertas tempranas que evidencian riesgos de conflicto armado.

En el Catatumbo, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo ha documentado enfrentamientos entre el ELN y la fuerza pública, lo que ha generado graves afectaciones para la población civil. La defensora afirmó que el Estado contaba con información previa que permitía prever esta crisis, pero no tomó las medidas necesarias para evitarla.

Sobre la paz total

En cuanto a la estrategia de Paz Total del Gobierno, Marín aseguró que su éxito es relativo. Mientras que algunos diálogos avanzan, como los sostenidos con las disidencias lideradas por alias Calarcá y el Frente Comuneros del Sur, otros procesos han mostrado falta de voluntad por parte de los actores armados, como el caso del ELN y las disidencias de Iván Mordisco.

“No creo que se pueda decir tajantemente que la Paz Total ha fracasado, pero es evidente que hay dificultades y que no todos los grupos han mostrado intención real de diálogo”, afirmó Marín.

Otro tema de gran preocupación para la Defensoría del Pueblo es el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos ilegales. Marín denunció que las disidencias de Iván Mordisco están captando menores bajo engaños, ofreciéndoles bienes materiales y promesas falsas para incorporarlos a sus filas. También advirtió que muchos de estos niños son trasladados a otras regiones del país para participar en combates.

Por otro lado, la Defensoría alertó sobre el desplazamiento forzado que sigue afectando a diversas comunidades. En el sur del país y en municipios como Pradera y Florida, en Valle del Cauca, la violencia ha generado un aumento en el número de desplazados, afectando a líderes sociales, comunidades indígenas y firmantes del Acuerdo de Paz.

Sobre la decisión del Gobierno de declarar el estado de conmoción interior, Marín indicó que la Defensoría del Pueblo aún no ha tomado una posición definitiva. No obstante, señaló que el 13 de febrero la entidad presentará un análisis ante la Corte Constitucional para evaluar si las medidas adoptadas eran necesarias y si pudieron haberse tomado sin recurrir a este mecanismo.

Finalmente, Marín insistió en que el Gobierno debe priorizar la atención a las crisis humanitarias en las regiones más afectadas por la violencia. “El país enfrenta desafíos urgentes que requieren atención inmediata. Más que discusiones políticas, lo que se necesita es una respuesta efectiva y coordinada para proteger a la población”, concluyó.