La Sección Quinta del Consejo de Estado marcó un giro significativo en la controversia sobre las facultades sancionatorias de la Procuraduría, al revocar diez fallos que anulaban sanciones contra funcionarios elegidos por voto popular, mediante una decisión que evidencia tensiones internas en el alto tribunal.

Con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, el tribunal revocó la sentencia de la Sección Cuarta que había declarado improcedente la tutela interpuesta por el ente de control. “La Constitución de 1991 otorga la facultad de sancionar a funcionarios de elección popular”, argumentó la Procuraduría en su recurso, destacando que estas decisiones habían vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

Entre los casos más relevantes se encuentran las sanciones impuestas al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, el exsenador Eduardo Merlano y el exalcalde de San José del Fragua, Duber Trujillo. La nueva decisión ordena a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda emitir sentencias de reemplazo en un plazo de 30 días.

Sin embargo, esta determinación ha generado debate dentro del mismo Consejo de Estado. Milton Chaves, presidente de la corporación, manifestó que “la tutela no es la vía adecuada para modificar fallos de esta naturaleza”, evidenciando las discrepancias internas sobre la interpretación de las competencias disciplinarias de la Procuraduría.

La decisión se fundamenta en el reciente fallo de la Corte Constitucional que reafirmó las competencias del Ministerio Público, estableciendo que sus sanciones deben ser revisadas automáticamente por el Consejo de Estado para adquirir validez, esto a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro que inicialmente limitó estas facultades.