La decisión ratifica que el decreto de Gustavo Petro incumplió la Constitución al designar a su esposa en el cargo diplomático

El Consejo de Estado confirmó la nulidad del decreto mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro designó a Verónica Alcocer, entonces primera dama, como embajadora en misión especial ante el Vaticano. Con esta determinación, queda en firme el fallo emitido en 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había declarado ilegal ese nombramiento.

La decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo se fundamentó en el artículo 126 de la Constitución Política, que establece restricciones para el nombramiento de servidores públicos con vínculos familiares. Durante el proceso judicial, se determinó que la designación de Alcocer como embajadora en misión especial incumplía esa disposición constitucional.

Aunque el Gobierno argumentó que se trataba de una función puntual y transitoria dentro de las facultades presidenciales en materia de relaciones internacionales, los jueces concluyeron que esa atribución no puede ejercerse desconociendo las prohibiciones de la Carta Magna. Así, el Consejo de Estado señaló que el decreto autorizaba a Alcocer a desarrollar actividades que ella “estimara convenientes”, lo cual fue considerado demasiado amplio y contrario al principio de legalidad.

La designación de Verónica Alcocer como embajadora en misión especial generó controversia desde su publicación a finales de 2023. La entonces primera dama participó en eventos internacionales como el funeral de la reina Isabel II, la Asamblea General de la ONU y las exequias del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, lo que suscitó cuestionamientos sobre el alcance de sus funciones.

Posteriormente, el presidente Petro reconoció que llevaba varios meses separado de Alcocer, aunque aclaró que el vínculo legal entre ambos continuaba vigente. Ahora, con la decisión del Consejo de Estado, el debate jurídico sobre el nombramiento queda cerrado y se ratifica que la designación de la entonces primera dama como embajadora en misión especial no se ajustó a las restricciones establecidas por la Constitución.