La salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia de Colombia ha reavivado la polémica en torno a la independencia institucional y la presunta injerencia dentro del Gobierno Nacional. Aunque en su carta de renuncia presentada inicialmente no detalló las razones, con el paso de los días, la exministra ha revelado nuevas informaciones que apuntan a presiones internas y decisiones administrativas cuestionadas.

Según Buitrago, las presiones comenzaron en marzo de 2025. Una de las primeras señales habría sido un mensaje de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en el que solicitaba suspender la contratación de uniformes para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Esta interacción, junto con otros episodios, fue revelada en conversaciones publicadas por el periodista Daniel Coronell.

En una entrevista concedida a La FM, la exministra señaló que la situación se fue agravando cuando comenzaron las sugerencias sobre cambios en cargos y nombramientos dentro del Ministerio. “Cuando empiezan a decir ‘cambie este, quite este, ponga este’, uno ya no puede garantizar ni la seguridad ni la tranquilidad del ministerio”, explicó Buitrago, quien aseguró que dichas instrucciones comprometían la autonomía de la cartera.

Los chats de WhatsApp divulgados recientemente también aportaron elementos a sus declaraciones. En uno de ellos, Rodríguez le habría anunciado a Buitrago, mediante un mensaje que desapareció tras abrirse, el nombramiento de Augusto Ocampo como ministro encargado, decisión que según la exfuncionaria no fue coordinada con ella. En ese momento, Buitrago había dejado encargado al secretario general del ministerio.

Presiones relacionadas con exportaciones del área de drogas

Otro de los puntos que generó controversia fue la supuesta presión ejercida sobre Buitrago para autorizar la salida de productos controlados desde el área de drogas del Ministerio de Justicia. “Me hicieron llamadas, me buscaron en el Congreso, me insistieron y luego me mandaron mensajes atribuidos a funcionarios. Todo eso está documentado”, declaró la exministra.

Buitrago relató que uno de los episodios más delicados ocurrió después de asistir a una plenaria en el Senado, cuando fue abordada en la calle. “La senadora Gloria Flórez me presenta unas personas en el Congreso y luego me dicen que debo firmar unas exportaciones”, narró.

Pese a su insistencia en que todo trámite debía seguir el debido proceso, la solicitud fue reiterada a través de mensajes con el texto: “Para firma de ministra”. Según Buitrago, rechazó el requerimiento por considerar que no respetaba los canales formales.

Acciones legales ante Procuraduría y Fiscalía

En respuesta a estos acontecimientos, Ángela María Buitrago afirmó haber radicado quejas ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Estas denuncias estarían sustentadas en hechos que, desde su perspectiva, podrían constituir faltas disciplinarias o incluso delitos.

“Me limito a relatar hechos que ocurrieron y que, desde mi perspectiva profesional, carecen de justificación. Serán las autoridades las encargadas de establecer si existe alguna responsabilidad”, expresó la exministra, dejando en manos de los entes de control la evaluación legal de los hechos.

Pese a los señalamientos, Ángela María Buitrago manifestó sentirse tranquila respecto a su gestión y reiteró su compromiso con los principios de autonomía e independencia institucional. También expresó su agradecimiento al presidente Gustavo Petro por la oportunidad de haber liderado el Ministerio de Justicia.

“Hay proyectos lindísimos, hay líneas lindísimas. Desde que uno pueda trabajar en las líneas que buscan la humanización y el acceso a la justicia, y pueda trabajar de manera autónoma como lo hice hasta marzo de este año, nunca me arrepentiría”, concluyó.

La renuncia de Buitrago se suma a una serie de salidas recientes dentro del gabinete, en un contexto donde diversas voces han cuestionado la influencia política sobre decisiones técnicas en entidades del Estado. Por ahora, los ojos están puestos en las investigaciones que adelanten los órganos de control y en las posibles consecuencias institucionales de estas revelaciones.