En una rueda de prensa conjunta, la Fiscalía General de la Nación reveló la puesta en marcha de un “Plan Especial de Seguridad Electoral”, que incluye la publicación de un mapa de riesgo actualizado y la creación de un observatorio permanente para monitorear la jornada del 8 de marzo. Paralelamente, el Ministerio de Defensa (Mindefensa) confirmó el envío de unidades policiales y militares a los lugares de votación, con el objetivo de prevenir incidentes y reforzar la confianza ciudadana.

El mapa de riesgo, elaborado por la unidad de inteligencia de la Fiscalía, identifica 112 municipios donde se anticipan posibles alteraciones, protestas o intentos de coacción. Cada zona recibe una calificación que va de “bajo” a “crítico”, y se asignan recursos de seguridad proporcionales a la amenaza detectada. El observatorio electoral, integrado por representantes de la Fiscalía, la Contraloría y la Oficina Nacional de Elecciones (ONE), publicará informes diarios y emitirá alertas en tiempo real a través de una plataforma digital accesible al público.

“Este plan no solo protege el derecho al voto, sino que también brinda transparencia a todo el proceso”, declaró la Fiscal General, María Elena Rojas, al presentar los instrumentos de vigilancia. “El mapa de riesgo es una herramienta preventiva; permite actuar antes de que se materialicen los conflictos”.

Por su parte, el Ministro de Defensa, Carlos Méndez, explicó que se movilizarán 3 500 uniformados, entre policías y soldados, distribuidos en 1 800 centros de votación. “Nuestro despliegue está basado en los indicadores del mapa de riesgo. En los municipios catalogados como críticos, la presencia será reforzada con equipos de intervención rápida”, precisó Méndez. Además, se instalarán puestos de control en rutas estratégicas para evitar la infiltración de armas y material ilícito.

Contexto y antecedentes
Las elecciones del 8 de marzo, que definirán la composición del Congreso y la presidencia interina, se celebran en un clima de polarización política y denuncias de intentos de manipulación electoral. En los últimos dos años, la Fiscalía ha investigado casos de compra de votos, uso de recursos públicos para campañas y presiones a funcionarios electorales. La creación del observatorio responde a la necesidad de contar con una entidad independiente que supervise la integridad del proceso.

Reacciones de la sociedad civil
Organizaciones no gubernamentales y partidos políticos han recibido con cautela la iniciativa. La Comisión de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que “apoya la intención de blindar la votación, pero solicita que el plan respete los derechos fundamentales y garantice la no militarización de los comicios”. Por su parte, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores (CST) pidió que se priorice la capacitación de los uniformados en derechos humanos y en la gestión de protestas pacíficas.

Impacto esperado
Los analistas electorales estiman que la combinación de vigilancia tecnológica y presencia física reducirá en un 30 % la probabilidad de incidentes graves, comparado con las elecciones de 2022, donde se registraron 27 denuncias de coacción y 12 actos de violencia en centros de votación. Asimismo, la publicación del mapa de riesgo en tiempo real podría aumentar la participación ciudadana, al ofrecer información clara sobre la seguridad en cada distrito.

Próximos pasos
Durante la semana previa al plebiscito, la Fiscalía actualizará el mapa de riesgo cada 12 horas y difundirá boletines a través de redes sociales, radio y televisión. El observatorio electoral realizará auditorías en tiempo real y entregará un informe final a la ONE una vez concluida la votación. El Ministerio de Defensa mantendrá una línea directa con la Fiscalía para coordinar respuestas rápidas ante cualquier eventualidad.

Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar que el 8 de marzo transcurra sin interrupciones, reforzando la legitimidad del proceso democrático y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.