La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional tumbar el polémico impuesto sobre productos plásticos de un solo uso, creado en la reforma tributaria del Gobierno Petro como una medida para desincentivar el uso de estos materiales contaminantes.

En el concepto enviado al alto tribunal, el Ministerio Público argumentó que el gravamen vulnera el principio de equidad tributaria al recaer solo sobre una parte de la cadena productiva, afectando a los productores pero no a los distribuidores ni comercializadores.

Asimismo, la Procuraduría advirtió que el impuesto no diferencia entre plásticos reciclables y no reciclables, lo que podría desincentivar el uso de materiales que no afectan el medioambiente.

Por estas razones, el organismo de control le solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad total del polémico gravamen, que ha sido criticado por gremios económicos que alertan sobre sus efectos negativos.

La palabra final sobre la legalidad de este impuesto, que entraría en vigor el próximo año, la tendrá el alto tribunal constitucional en los próximos meses.