El Ministerio de Salud se encuentra bajo el ojo avizor de la Procuraduría General de la Nación. En una misiva enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el ente de control solicitó información detallada sobre la destinación de cerca de 7 billones de pesos asignados a su cartera por parte del Presupuesto General de la Nación para el año 2024.

La solicitud de la Procuraduría se centra principalmente en una apropiación inicial de 5 billones de pesos, según se lee en la página web del Ministerio de Salud, destinados para el “apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993”. Ante esta cuantiosa suma, la Procuradora Diana Ojeda exigió al ministro Jaramillo “identificar los proyectos aprobados y relacionar los proyectos y subproyectos a los que se van a asignar recursos por más de 5 billones de pesos”.

Además, el ente de control solicitó “remitir la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiaria (Empresas Sociales del Estado Beneficiarias)”. En palabras de la Procuradora Ojeda, es imperativo conocer “su fundamento jurídico, la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada” de los 14 planes, programas o proyectos en los que el Gobierno pretende invertir cerca de 1 billón 871 mil millones de pesos de los recursos de la salud.

Uno de los programas que ha despertado particular interés es el denominado “Colombia como territorio saludable con APS a partir de un modelo preventivo y predictivo – recuperación y fortalecimiento de infraestructura y centros de atención primaria en salud para la vida”, con una apropiación presupuestal disponible de 430 mil millones de pesos. Otro plan que ha resultado llamativo es “determinantes sociales en el marco del modelo preventivo y predictivo – Territorios saludables para la vida”, con una apropiación presupuestal de 826 mil millones de pesos, del que no se conocen mayores detalles de su ejecución ni de sus objetivos.

“Es fundamental que el Ministerio de Salud brinde total transparencia sobre la destinación de estos cuantiosos recursos públicos”, manifestó la procuradora Ojeda, reiterando que “la ciudadanía merece saber cómo se invertirán estos billones de pesos en pro de mejorar el sistema de salud del país”.

Finalmente, la Procuraduría le pidió al Ministerio de Salud informar si los recursos previstos en el rubro “apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100 de 1993” financiarán el 5 por ciento de la UPC para los equipos básicos de salud, uno de los puntos polémicos de la reciente resolución con la que el Gobierno Nacional pretende implementar, vía resolución, el eje de la reforma a la salud cuyo trámite sigue “empantanado” en el Congreso de la República.