La Procuraduría General presentó un informe crítico a la Corte Constitucional sobre la resolución 370 del Ministerio de Salud y Protección Social, cuestionando severamente la forma en que se está implementando la mesa de trabajo para recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024.

La saliente procuradora delegada para asuntos de salud, Diana Ojeda Visbal, señaló varios aspectos problemáticos en la resolución del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo:

– Limitación irregular de la participación de los actores del sistema de salud
– Restricción unilateral de las fuentes de información
– Intento de reducir la mesa a un espacio meramente consultivo

El ministerio público destacó que la resolución:

– Busca convertir la mesa en un espacio para “exponer preocupaciones” sin poder decisorio real
– Limita la información a analizar solo a lo solicitado por el Ministerio de Salud
– Impone requisitos restrictivos para la validación de información por otros participantes

La Procuraduría advirtió que el ministro Jaramillo podría incurrir en:

– Desacato a sentencia judicial
– Fraude a resolución judicial

El conflicto surge tras la orden de la Corte Constitucional de crear una mesa de trabajo para revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024, tras identificar problemas en su financiamiento.

El ente de control enfatiza que la mesa no debe ser un mero espacio de diálogo, sino una instancia real de revisión y ajuste de los valores de la UPC. Específicamente, cuestiona que el Ministerio:

– Se arrogue la facultad de fijar unilateralmente el orden del día
– Limite las fuentes de información
– Determine discrecionalmente la creación de comités técnicos

Como consecuencia, la Procuraduría ha decidido remitir el informe a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las posibles conductas irregulares.

 

 

Con información de wradio y caracol radio