En un manifiesto publicado recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella salió al paso de las críticas formuladas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación con el recorte presupuestal propuesto para la entidad en el marco del Presupuesto General de la Nación para 2027. La JEP había solicitado $947.642 millones, pero el proyecto de presupuesto le asignó $821.803 millones, lo que representa una diferencia de $125.839 millones.

De la Espriella cuestionó la proporcionalidad entre los recursos asignados a la JEP y los resultados obtenidos, destacando que desde 2018 la entidad ha recibido más de tres billones de pesos. En 2025, se le asignaron $777.069 millones, y en 2026 opera con cerca de $744.659 millones. El mandatario enfatizó que la decisión de ajustar el presupuesto no constituye “asfixia ni venganza”, sino “responsabilidad fiscal”.

El debate se intensificó con la propuesta del senador Enrique Gómez de trasladar $100.000 millones de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, lo que dejaría a la JEP con un presupuesto de $721.803 millones. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, advirtió sobre los posibles efectos de estas iniciativas en la independencia y el funcionamiento de la jurisdicción, llegando incluso a informar a los fiscales adjuntos de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las iniciativas en curso en el Congreso.

De la Espriella respondió a Ramelli afirmando que la discusión presupuestal es un ejercicio legítimo de la Constitución y no una amenaza a la independencia judicial. Subrayó que el presupuesto de una entidad pública debe considerar los recursos disponibles, las necesidades del Estado y las prioridades de los colombianos. Cuestionó la ausencia de sentencias durante años por parte de la JEP y destacó el elevado costo de su nómina, estimada en $404.477 millones para 2026, así como el incremento en el salario del presidente de la JEP.

El presidente enfatizó su respeto por la independencia judicial y la libertad de los jueces, pero también su deber de exigir rendición de cuentas y eficiencia en la gestión administrativa. Manifestó su prioridad de fortalecer la justicia ordinaria, que enfrenta graves limitaciones y congestiones, en lugar de seguir aumentando el presupuesto de la JEP sin un examen riguroso de sus resultados.

De la Espriella concluyó que su decisión de reasignar recursos no es una interferencia, sino un acto de gobernar basado en prioridades públicas. Negó tener una política de venganza contra la JEP y afirmó su compromiso con ordenar el gasto y destinar los recursos limitados del Estado a una justicia que sirva a todos los colombianos.

La discusión en torno al presupuesto de la JEP y su impacto en la justicia ordinaria y la independencia judicial continúa siendo un tema candente en la agenda pública colombiana, con implicaciones significativas para el sistema de justicia y la implementación de los acuerdos de paz.