El magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, ha solicitado al alto tribunal que examine una tutela relacionada con el gasto público asociado a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, y a su equipo de colaboradores. Esta tutela fue presentada por un periodista, quien ha instado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) a proporcionar información sobre los gastos incurridos en la contratación de servicios y personal de apoyo para las actividades desempeñadas por la primera dama.

A pesar de la respuesta del Dapre afirmando que “no se ha destinado ninguna partida presupuestaria para los gastos de la primera dama”, el Tribunal Superior de Bogotá ha solicitado al mismo departamento que remita información sobre los departamentos, unidades, dependencias e incluso ministerios que podrían estar asumiendo los costos de las actividades ejercidas por la primera dama.

El magistrado Alejandro Linares destaca que esta tutela plantea un asunto novedoso que permitiría a la Corte avanzar en la jurisprudencia sobre los límites y la naturaleza de la información relacionada con la asignación temporal o permanente de funciones públicas a la primera dama.

Asimismo, el magistrado Linares resalta la importancia de seleccionar esta tutela para ejercer un “control social sobre el presunto gasto público realizado”.

Esta solicitud del magistrado de la Corte Constitucional genera expectativas sobre el debate y las decisiones que podrían surgir en torno a la transparencia del gasto público y el alcance de las funciones de la primera dama en Colombia. La Corte deberá analizar detenidamente la tutela para determinar su viabilidad y su posible impacto en la regulación de estos asuntos.