El accidente del avión Hércules FAC 1016 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó más de 60 uniformados muertos, ha reavivado el debate sobre la gestión de la flota militar y la transparencia en las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Aunque el mandatario calificó la aeronave como “chatarra”, expertos y datos oficiales contradicen su afirmación, generando dudas sobre la coherencia de su discurso y su impacto en la institucionalidad militar.

Mantenimiento certificado vs. declaraciones presidenciales

El FAC 1016, donado por Estados Unidos en 2020 con un valor de 12 millones de dólares, fue sometido a un mantenimiento mayor (PDM) en 2021, con una inversión de 11.558 millones de pesos. Según el congresista Daniel Briceño, el gobierno de Petro recibió el informe de operatividad el 21 de diciembre de 2023, certificando que la aeronave estaba en condiciones seguras. Además, en 2024 se invirtieron 17.861 millones para el mantenimiento del FAC 1018 y se firmó un contrato por 20.000 millones para otro Hércules en diciembre pasado.

El general (r) Hugo Acosta explicó que la vida útil de un avión no depende de su antigüedad, sino del cumplimiento estricto de los protocolos de mantenimiento dictados por el fabricante (Lockheed Martin). “Un PDM implica desarmar completamente la aeronave para verificar cada componente con pruebas no destructivas”, detalló. Sin embargo, Petro ignoró estos datos al tachar la flota de “insegura”, lo que generó rechazo en sectores técnicos y políticos.

Patrón de declaraciones controvertidas

Este no es el primer caso en el que las afirmaciones del presidente chocan con la realidad. En la UNGRD, Petro minimizó el escándalo de corrupción que involucró a su exdirector, Olmedo López, quien fue suspendido por la Contraloría y luego renunció tras imputaciones por desvío de recursos. Aunque el mandatario aseguró haber actuado rápido, documentos muestran que defendió públicamente a López en enero de 2024, cuando ya había irregularidades documentadas.

En pensiones, Petro acusó a las AFP de “fuga de capitales” al retirar fondos de afiliados, pero expertos aclararon que esos recursos son propiedad exclusiva de los trabajadores, no de las administradoras. En elecciones, insistió en que el software de la Registraduría tenía “fallas” para cometer fraudes, pese a que no hubo pruebas en 2022 y el conteo es manual.

Investigación en curso y polarización

La Fiscalía y la Justicia Penal Militar investigan las causas del accidente, incluyendo posibles fallas en el mantenimiento o errores operativos. Mientras tanto, la oposición aprovecha estas contradicciones para cuestionar la gestión de Petro, especialmente en seguridad y transparencia.

Analistas como el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón señalan que “las declaraciones sin sustento técnico debilitan la credibilidad institucional”. Por su parte, el ministro Pedro Sánchez había confirmado la aptitud del FAC 1016 para volar antes del accidente, lo que añade más presión sobre el gobierno.

El patrón de salidas en falso de Petro —desde la aviación hasta pensiones y elecciones— refleja un estilo comunicativo que prioriza la narrativa política sobre los datos técnicos. Aunque su intención podría ser movilizar a su base, el costo es la desconfianza en las instituciones y la polarización.

Mientras la investigación avanza, el país espera respuestas claras: ¿Hubo negligencia en el mantenimiento? ¿O las declaraciones presidenciales fueron un error estratégico con consecuencias trágicas?

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